Muerte cruzada

“He firmado el Decreto Ejecutivo 741, con el objetivo de disolver la Asamblea Nacional y solicitar al CNE que se convoque a elecciones”. Con este texto, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, establecía lo que se ha denominado “muerte cruzada”; es decir, el cierre del Parlamento y al mismo tiempo el fin de su Gobierno, tras el anuncio del adelanto de elecciones.

El día en que debía volverse a reunir la Asamblea para continuar con el debate del juicio político que se le seguía a Lasso por temas de corrupción, el mandatario decidió este cierre general de la institucionalidad política, lo que creó así una nueva causa de inestabilidad en el país hermano.

Desde el 2022, Lasso ya había sido blanco de pedidos reiterados de vacancia. Con una oposición mayoritaria en la Asamblea Nacional y gran parte de las organizaciones sindicales e indígenas en contra, la situación nunca le fue favorable.

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Los congresistas cuestionaron leyes para flexibilizar el empleo y una nueva reforma fiscal, entre otras propuestas del Ejecutivo. Además, Ecuador enfrenta una creciente ola de inseguridad ciudadana, por el aumento de la criminalidad, y los motines en las cárceles, que mantienen en zozobra a los ecuatorianos.

El presidente Lasso ha invocado a la grave crisis política y a la conmoción interna como causales de su pedido de cierre de la Asamblea Nacional —que se cumplió de facto, con el ingreso de las fuerzas armadas para mantener el control del recinto— y las elecciones anticipadas, que deberían realizarse en tres meses. La oposición ha señalado que no existe conmoción social y ha pedido a la instancia constitucional que anule la medida.

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Lasso había comparecido ante la Asamblea para señalar su inocencia en una acusación por peculado que se le estaba siguiendo y que dio pie para que se le abriera un juicio político, de pronóstico reservado, porque se requerían 92 votos —es decir dos tercios del Pleno— para destituirlo. Ayer debía proseguir el debate, pero se clausuró ese poder del Estado.

En América Latina, la reacción ante el anuncio del cierre del Parlamento y la convocatoria a elecciones anticipadas fue recibida con posiciones divididas. Hubo quienes denunciaron que se trataba de un golpe de Estado. La postura peruana fue de respaldo a Lasso, por haber usado un mecanismo constitucional.