La (ir)responsabilidad de la Presidenta, por Ana Neyra

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el informe “Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales”. Se centra en la crisis institucional del 7 de diciembre (“rompimiento del orden constitucional”), la protesta social y las violaciones de derechos humanos (especialmente, en Ayacucho y Juliaca). Señala que se produjeron “presuntas violaciones de derechos humanos como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza en casos concretos, inclusive de forma indiscriminada contra la población, además de detenciones masivas de personas manifestantes”.

No deja de condenar tampoco la violencia en las protestas y señalar que los bloqueos y tomas de infraestructura provocaron afectaciones como escasez de alimentos, medicamentos y combustible y la muerte de personas. Incluye conclusiones y recomendaciones sobre diálogo y superación de la crisis; seguridad ciudadana; reparación y atención a víctimas de violaciones de derechos humanos; lucha contra la impunidad; institucionalidad democrática; libertad de expresión, reunión y asociación.

Es legítimo que existan discrepancias con el informe, aunque sería ideal que, previamente a opinar sobre él, sobre todo en el caso de las autoridades, se revise integralmente, antes de pretender descalificarlo desde el desconocimiento o las noticias falsas. El Gobierno parece exhibir nula voluntad de adoptar las recomendaciones, lo que se demuestra en la posterior conferencia de prensa, y se reafirma con la entrevista realizada a la presidenta.

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Además de la casi nula autocrítica, la pretendida defensa es que, a tal caso, existen responsabilidades individuales, y que la Presidencia no tiene mando sobre las Fuerzas Armadas y la Policía, sino que hay protocolos que solo deciden las fuerzas del orden. Convendría recordar qué implica la jefatura de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Como indicó la Sala Penal Especial de la Corte Suprema al condenar al expresidente Alberto Fujimori, la “jefatura” genera subordinación, un “comando originado por la interacción de escalones jerárquicos en línea vertical”, la cual, al ser “suprema”, revela que el comando que concentra es “el máximo posible”, conforme dispone la Constitución (artículo 167).

Las normas aplicables (decretos legislativos 1095 y 1186) y los protocolos tampoco permiten disparar de manera letal, salvo que esté en peligro la vida (el daño a la infraestructura tampoco lo habilita). Esta nueva “defensa” entra en contradicción con lo señalado previamente de que se dieron “indicaciones” a la policía de no usar armas letales. Ahora, si se ha dado instrucciones o existen leyes o protocolos que implican respetar la vida y alguien las incumple, ¿no debe haber consecuencias? Ratificar el “pleno respaldo” a las Fuerzas Armadas y Policía, sin condenar excesos en uso de la fuerza, o permitirles justificarse en una conferencia de prensa no resulta coherente.

Tampoco la ausencia de sanciones disciplinarias o el no promover la celeridad en las investigaciones penales (o dejar pasar los intentos de afectarlas como los cambios en las fiscalías especializadas en derechos humanos). De igual modo, jefes militares y policiales permanecen en sus cargos y uno de los ministros de los sectores involucrados es hoy presidente del Consejo de Ministros.

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Esto sin contar las constantes descalificaciones a los protestantes (incluso aludiendo a ellos como “terroristas”) o alegar que todo se explica en una supuesta manipulación por “Gobiernos extranjeros” o actores políticos. Todo este cúmulo de acciones suman a la ausencia legitimidad en una presidenta que solo parece estar buscando liberarse de futuras responsabilidades y mantener el statu quo para permanecer hasta el 2026. Ambos deseos pierden posibilidades reales cada día.