Nuestros gobiernos y sus crímenes

Por: Omar Cairo Roldán*

En la democracia constitucional, las personas somos iguales ante la ley. Por eso no existe ninguna justificación para eximir a los jefes de Gobierno de la responsabilidad penal por los delitos que cometen en ejercicio de sus cargos. En el intento de hacer efectiva esta responsabilidad, los países latinoamericanos han recorrido un largo camino.

La dictadura que imperó en Argentina, entre 1976 y 1983, cometió graves crímenes contra los Derechos Humanos. En 1985, con la democracia restablecida, los jefes de las Juntas Militares que los perpetraron fueron encarcelados. “Señores jueces,¡Nunca más!”, exclamó el fiscal Julio César Strassera. En 1986, en un discurso ante el Congreso argentino, el joven presidente del Perú dijo que este ejemplo dejaba atrás “la época en que a los dictadores y golpistas los sancionaba el juicio inocuo de la historia”, porque en adelante serían juzgados por la ley, y su sanción no sería ya “la crítica académica, sino la cárcel y la vergüenza”.

Luego de 15 años, en 1990, terminó el Gobierno militar de Augusto Pinochet, pero los tribunales chilenos no castigaron sus crímenes contra los derechos humanos. Tuvieron que transcurrir ocho años más para que fuera alcanzado por el largo brazo de la jurisdicción universal. En 1998, quedó detenido en Londres por orden de un juez español y permaneció ahí más de 500 días, bajo arresto domiciliario, sujeto a un procedimiento de extradición. Sorprendentemente, en marzo de 2000, el Gobierno británico autorizó su retorno a Chile por “razones humanitarias”.

En el Perú, el 2009, Alberto Fujimori fue condenado a prisión por la matanza de Barrios Altos ocurrida en noviembre de 1991, cuando todavía ejercía válidamente la presidencia. En este caso específico, el sancionado no era un exdictador, sino un expresidente constitucional.

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Con el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 empezó la dictadura fujimorista. Pudo prolongarse hasta el 2005, pero se desmoronó en noviembre de 2000. Fujimori fugó a Japón y, desde ahí, renunció a la presidencia. En este país asiático, postuló sin éxito al Senado japonés.

La democracia recuperada el año 2000 brindó la oportunidad de un nuevo comienzo. Tras ocho años continuos de corrupción galopante (1992-2000), los futuros presidentes peruanos tenían la misión de reconstruir la confianza ciudadana, actuando con limpieza cristalina y honradez inquebrantable.

Las cosas sucedieron exactamente al revés. Todos los gobernantes elegidos entre el 2001 y el 2016, una vez terminados sus períodos, fueron sujetos de mandatos de detención, ordenados en procesos judiciales o en investigaciones fiscales, por corrupción. Hoy, en el penal de Barbadillo, Fujimori purga su larga condena, compartiendo el encierro con dos exgobernantes (Castillo y Toledo), recluidos en cumplimiento de mandatos judiciales de detención preventiva.

Hace tres días, un informe de “Human Rights Watch” confirmó que la represión realizada por el actual Gobierno peruano provocó la muerte de 49 personas. Estableció que existen “fuertes razones para creer que la presidenta Boluarte, el primer ministro Otárola y otros altos funcionarios no tomaron medidas efectivas para detener las muertes, a pesar de tener conocimiento de la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en ellas”.

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También precisó que, según “los estándares internacionales, los superiores pueden ser considerados responsables de abusos si conocían o debían haber conocido los delitos cometidos por quienes estaban bajo su autoridad, o si no tomaron las medidas necesarias y razonables para impedir que se produjeran, o para que se investigaran y enjuiciaran los hechos”.

La historia reciente enseña que a los responsables de este crimen les espera no solo “el juicio inocuo de la historia” y de la “crítica académica”, sino, principalmente, “la cárcel y la vergüenza”.

(*) Magíster y profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú