El defensor que necesitamos

La necesidad de establecer un reglamento especial en el que se señale con claridad el perfil que debe tener el nuevo defensor del Pueblo y las reglas claras para su elección, constituye la parte medular de la resolución con la que el juez del Tercer Juzgado Constitucional de Lima respondió al pedido de una acción de amparo solicitada por el sindicato de la propia Defensoría.

El juez Jhon Paredes falló en parte, a favor de la demanda, y recomendó al Congreso de la República que, en forma previa a un proceso de selección, cumpla con emitir el reglamento especial, conforme lo exige la ley interna del Congreso, para lograr que la elección cumpla con los requisitos de transparencia, imparcialidad, meritocracia y participación ciudadana que un acto público como este requiere.

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La autoridad judicial cuestiona en la resolución que se proceda a seleccionar a candidatos sobre la base de la invitación, porque ello afecta el principio de igualdad que debería regir y exhorta a que, para proceder a selección, se debería tomar en cuenta el alto perfil moral del candidato, su experiencia profesional y su integridad. Además, incluye que el postulante debería contar con manejo de los derechos humanos y las libertades, conforme lo exige el estándar internacional.

Esta resolución se ha emitido en plena elección del nuevo defensor del Pueblo por parte del Congreso, bajo una modalidad que dista totalmente de los parámetros que está determinando el juez.

Hay que recordar, de otro lado, que el Tribunal Constitucional autorizó al Legislativo a elegir al defensor del Pueblo, dejando sin efecto las dos acciones de amparo concedidas por el Poder Judicial. Inclusive, el TC dejó abierta la posibilidad de iniciar procesos disciplinarios contra los jueces.

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El juez Paredes ha recurrido a frases como “exhorta” o “recomienda” pero lo que es obvio es que ha mostrado claramente que el proceso actual de elección del defensor dista mucho de ser ejemplar. Por el contrario, su opacidad para la invitación a participar, la etapa de selección llena de irregularidades y el criterio clientelista y de cuoteo político que tiene la definición del ganador, no garantiza al final que se elija bien.

Y el cargo de defensor es sumamente importante para los ciudadanos. Será quien nos represente frente a los abusos del poder y su presencia independiente constituye una garantía democrática, que en tiempos tan convulsos como estos se hace fundamental.