La falta de respuesta del Gobierno, por Augusto Álvarez Rodrich

La minuciosa investigación de The New York Times (NYT) sobre las muertes en las protestas tras el intento de golpe protagonizado por Pedro Castillo no revela nada de fondo que ya no hubiera sido informado antes por varios medios peruanos, pero es particularmente relevante por dos motivos.

Primero, por la calidad y el despliegue de recursos utilizados en el reportaje La Policía y el Ejército del Perú usaron fuerza excesiva contra manifestantes realizado por Brent McDonald y Ainara Tiefenthäler –premio Pulitzer 2022–, con la gráfica de James Surdam, propios de una redacción con muchos más recursos que los que cuentan los medios locales, pero que establece un benchmark a observar y alcanzar en el periodismo peruano, al igual que otros medios extranjeros que han cubierto la crisis del último trimestre con cierta desprolijidad por haberlo hecho con más activismo que con periodismo propiamente dicho.

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Segundo, por la evidente influencia global de NYT, uno de los medios más importantes de mundo, lo cual contribuirá a poner al Perú en el foco internacional por violación de derechos humanos por la muerte de personas en circunstancias que no comprometían la vida de las fuerzas del orden, lo cual sí justificaría una respuesta letal.

Ello ocurre cuando está pendiente la respuesta del gobierno peruano a la solicitud hecha hace unas semanas por la ONU por las cerca de 50 muertes –entre las 70 del último trimestre– que podrían atribuirse a la policía y el ejército por acciones letales indebidas.

No existe evidencia de que la presidenta Dina Boluarte haya dado una orden de disparar a matar para controlar las protestas –el ministerio público está investigando el caso, aunque buscando un genocidio que es, sin duda, absurdo–, ni que exista hoy el régimen cívico-militar que pregona la izquierda, pero el problema central es, precisamente, la falta de reacción y respuesta del gobierno ante las muertes.

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Sea con relevos ministeriales por la responsabilidad política que implican estos cargos o la conformación de una comisión de la verdad independiente.

La falta de respuesta del gobierno deja mal parada a una presidencia que, pese a la relativa estabilidad de estos días, es políticamente muy débil.