Democracia y recursos naturales

El Gobierno peruano ha suscrito, a fines de enero, la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP). Se trata de una iniciativa presentada por el presidente Biden durante la poco exitosa IX Cumbre de las Américas realizada en Los Ángeles, en junio del año pasado. Además de Perú, han adherido países que tienen suscritos TLC con EE. UU. (Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México, Panamá) y Barbados, Ecuador y Uruguay que aspiran a suscribirlos. 

Al igual que las intrascendentes iniciativas para la región diseñadas durante el gobierno de Donald Trump (América Crece y el Marco estratégico para el Hemisferio Occidental) este remake tiene como objetivo ahuyentar la presencia de China en su ahora elevado de categoría “patio delantero”, otrora patio trasero. Todas tienen en común que no cuentan con recursos suficientes como para contrarrestar la avalancha de inversiones chinas orientadas a infraestructura y recursos naturales. La propuesta de Biden, experimentado político y educado, está redactada en un lenguaje más diplomático que las de su antecesor.

A lo largo de la historia reciente, la pugna por el acceso a los recursos naturales, en particular el petróleo, ha sido motivo de guerras, cuando no de golpes de Estado. Después del fin de la Guerra Fría a principios de los 90, el gobierno estadounidense planteó sagazmente el ALCA y la Iniciativa Energética Hemisférica que, luego de sus fracasos en 2005, empezó a instrumentarlos a través de los Tratados de Libre Comercio, que supuestamente abordan lo comercial, pero que en realidad son tratados internacionales de gestión de la economía.

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En días pasados la jefa del Comando Sur de EE. UU., Laura Richardson, manifestó en un evento del Atlantic Council –un think tank con estrechos lazos con la OTAN– la importancia de nuestra región para su país por la importante presencia de elementos de tierras raras, la concentración del 60% de yacimientos mundiales de litio, 31% del agua dulce, las mayores reservas de petróleo, incluidas las de “crudo ligero y dulce descubiertas frente a Guyana”, además de las de Venezuela, el cobre y el oro en varios países. Asimismo, destacó la importancia del Amazonas, al describirlo como los pulmones del mundo. Finalizó diciendo que ahora “tenemos que iniciar nuestro juego”.

La nueva Alianza (APEP) a la que Perú se ha adherido se enmarca en la Estrategia de Seguridad Nacional presentada por Biden en octubre del año pasado. Los objetivos prioritarios, señala el documento, consisten en “superar a China y limitar a Rusia”. Para ello, define lineamientos de política interna, más redistributivos, y el fortalecimiento de alianzas militares: con la OTAN en Europa, para aislar a Rusia, y con AUKUS (Reino Unido, Australia y EE. UU.) y QUAD (Australia, Japón, India y EE. UU.) para cercar a China. Estas prioridades definidas en su seguridad estratégica nacional podrían explicar la probable autoría del gobierno estadounidense en el atentado al gasoducto Nord Stream 2, que transporta gas natural de Rusia a Alemania y Europa. No sería una práctica novedosa. 

En ese documento se dice que no hay región en el mundo que tenga más impacto directo en EE. UU. que América Latina y el Caribe. Así, se establece como objetivo primordial “fortalecer la democracia y compartir la prosperidad” mediante la cooperación con sus socios para asegurar un crecimiento económico, duradero e inclusivo. EE. UU., dice el documento, obtiene beneficios económicos y de seguridad como resultado de la estabilidad y de la democracia en la región, lo que involucra la protección de los derechos humanos. Por eso, conocido el asesinato a los ciudadanos peruanos que protestaban en la sierra peruana, debería pronunciarse como lo hace con los países de “influencia maligna” e invocar el respeto a los derechos humanos y a la democracia en nuestro país, cuyas tres cuartas partes de la población exigen nuevas elecciones y la salida de la presidenta y el Congreso.