Crisis y confusión constituyente, por Omar Cairo
“El Perú se encuentra en una situación apremiante y requiere soluciones correspondientes a esta emergencia”.
Por Omar Cairo. Magíster y profesor en Derecho Constitucional, PUCP.
Hace dos meses, el Perú vive una grave crisis. Las protestas y movilizaciones realizadas en diversas provincias del interior y en Lima Metropolitana recibieron una cruenta respuesta gubernamental. Pero, en medio de una masacre que ha avergonzado al país ante el mundo, surgió la posibilidad de una salida: la aprobación parlamentaria de una reforma constitucional que disponga el adelanto de la elección presidencial y parlamentaria.
El momento exigía decisiones rápidas. Sin embargo, la semana pasada, el Congreso fue escenario de extenuantes torneos oratorios que no condujeron a resultado alguno. Un obstáculo que apareció fue la solicitud de un sector político que solo aceptaba adelantar las elecciones si, además, se aprobaba una consulta acerca de la instalación de una asamblea constituyente.
Se desató, entonces, un diálogo de sordos. Unos proclamaban que esa asamblea sería el germen de un nuevo Perú, una patria donde las injusticias desaparecerían, todos seríamos iguales y la felicidad sería poco menos que un deber.
Otros, en cambio, denunciaban que una constituyente llevaría al país —por la ruta del Foro de Sao Paulo— a un repudiado socialismo del siglo XXI. La catástrofe —advertían— sería inminente, y el ‘envidiable’ crecimiento económico nacional logrado con ‘tanto sacrificio’ (un sistema de salud hecho escombros y una educación pública lamentable) se iría por la borda.
Convertir a la asamblea constituyente en un emblema del Foro de Sao Paulo es un grave error. En los principales países cuyos gobiernos se adhirieron a las ideas promovidas por ese espacio, no se han efectuado asambleas constituyentes en tiempos recientes. Así, por ejemplo, en Argentina sigue vigente la Constitución de 1853-60, mientras que Brasil continúa funcionando políticamente en conformidad con las reglas de la Constitución de 1988.
Quienes pedían la consulta afirmaron en defensa de su posición: “Se trata solo de una preguntita: ¿el pueblo quiere o no una asamblea constituyente? No hay que tener miedo a la respuesta”. Lamentablemente, hubo varios momentos en que muchos parlamentarios que la promovían no supieron explicar en qué consistía y para qué servía esta asamblea.
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Mientras tanto, otros detractores de esta propuesta respondían que una asamblea constituyente sería desastrosa porque esta, “por definición”, tiene poderes omnímodos que le permitirían convertir al Perú en una monarquía hereditaria o restituir el incanato.
Una asamblea constituyente no es nada de eso. Es, por el contrario, un instrumento al servicio de la democracia constitucional. Permite a un país, que adopta este sistema, utilizarla para elaborar su primera constitución. Luego puede ser empleada para cambiar esta norma suprema, siempre que exista un consenso de todas las tendencias políticas acerca de la necesidad de reemplazar la Constitución vigente, sin usar los mecanismos regulados para la reforma constitucional.
Así, por ejemplo, fue reemplazada la Constitución colombiana de 1886. Ahí, el consenso que dio lugar a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente de 1990 fue puesto en marcha por la iniciativa de los estudiantes de la Universidad del Rosario. El resultado fue la Constitución colombiana de 1991, actualmente en vigencia.
El Perú se encuentra en una situación apremiante y requiere soluciones correspondientes a esta emergencia. Dentro de estas, no se considera la instalación de una asamblea constituyente. No olvidemos que, de convocarse, esta asamblea estaría integrada por otros miembros de la misma clase política cuyos actuales representantes hoy tienen como objetivo prioritario permanecer en el poder, a cualquier costo, hasta el 2026.