Pericia legal en el banquillo, por Gloria Montenegro

Por Gloria Montenegro. Extitular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Cualquier persona puede llegar a estar a merced de un peritaje legal. Ahí se llega siendo víctima o victimario, y va a depender de la calidad técnica y la objetividad del informe que se emita para que se garantice o no la obtención de justicia.

Se trata de un punto clave en cualquier investigación, denuncia o proceso judicial. Es el medio probatorio que no puede faltar. La pieza clave que, bien realizada, permite detectar al o la responsable y sancionarlo/a. En muchos casos, es la única pieza legal para probar delitos tan preocupantes como la violencia contra la mujer. Una evaluación imprecisa, un sesgo interesado, alguna simpatía por una de las partes o, en el peor de los casos, un dinero destinado a orientar la verdad para uno u otro lado, y la ilegalidad va a campear, favoreciendo a quien más dinero o influencias tenga.

Esta es la importancia de la pericia y de quien la realiza. Por ello, la evaluación que allí se realice debe ser proba, transparente y sin injerencias.

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El Instituto de Medicina Legal es la institución, dependiente del Ministerio Público (MP) que, de forma exclusiva, realiza estas pericias y el personal encargado de elaborarlas (médicos, psicólogos, psiquiatras y expertos en tecnología) son funcionarios públicos que responden a las orientaciones de la Fiscalía de la Nación.

Pese a su rol clave para la aplicación de la justicia, poca importancia parece concederle la autoridad responsable en su conducción, evaluación y control. No se conoce, por ejemplo, qué se ha hecho tras la declaración de estado de emergencia el pasado julio por parte del Ministerio Público para someter a la institución y por ende a su personal a un proceso de reorganización. No se conocen los resultados ni problemas encontrados. Nada.

Es una condición bastante rara —de autonomía plena y de impunidad— en la que parece desarrollarse la institución de la que depende la evaluación de las consecuencias de graves delitos, como lesiones por violación, abuso de menores, violencia física y psicológica; así como otros, como delitos informáticos.

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No se conoce cómo pudo, por ejemplo, filtrarse un técnico encargado de analizar el contenido de celulares incautados y acabar adaptando sus pericias a pedido del dispuesto a pagar, en beneficio de los acusados de complicidad con el expresidente Pedro Castillo.

Se conocen muchas denuncias sobre irregularidades en el Instituto. Se han publicado noticias de peritos recibiendo sobornos a cambio de informes; existen muchas personas afectadas por pericias hechas a la medida. Mujeres y menores agredidos o violentados que llegan a la institución y que reciben como respuesta a sus denuncias pericias que atenúan las lesiones, direccionamiento de oficios o desaparición de muestras biológicas que finalmente protegen a los victimarios.

Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se han denunciado una y otra vez estas inconductas de los peritos. El Ministerio Público ha hecho poco o nada en relación con estas irregularidades. Por el contrario, se han anunciado reorganizaciones que no llegan a nada y expedientes que se abren sobre malas prácticas en la institución que se van acumulando en control interno sin respuesta.

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Es el momento de realizar cambios profundos en una instancia vital para la justicia. Romper el monopolio del Instituto con la autorización a otras dependencias del Estado tan o más capacitadas para realizar las pericias y permitir la supervisión de los informes con la grabación de la pericia y copia de los resultados obtenidos para cotejarlos con los instrumentos de evaluación podría también garantizar que  se actúe con imparcialidad.

No se puede mantener un silencio cómplice cuando se conocen hechos tan graves como los ocurridos en el Instituto de Medicina Legal. Con peritos que tienen denuncias de corrupción y siguen extendiendo informes legales que van a determinar el curso de las investigaciones. Se trata de actuar sin dilaciones y sacar de las sombras malas prácticas que siguen socavando la credibilidad de las instituciones claves para proteger al ciudadano de la anomia y la ilegalidad.