Insostenibles, por Marisa Glave

A la crisis política en la que estamos se suma una amenaza a la posibilidad de un desarrollo urbano sostenible en el Ministerio de Vivienda. Bajo el paraguas de la promoción de la vivienda de interés social (VIS), se pretende normalizar parámetros de construcción que únicamente responden a la lógica especulativa y garantizan ciudades insostenibles.

El proyecto de reglamento de VIS es lesivo en general para nuestras ciudades y en particular para sectores populares, pero extremadamente lucrativo para los propietarios de suelo urbano. En su artículo 20 tiene un cuadro de parámetros aplicable a cualquier ciudad –sin importar lo que digan los planes urbanos aprobados por las municipalidades– ampliando la densidad de manera general a cualquier proyecto que incluya VIS. Pero a niveles escandalosos.

Por ejemplo, en un terreno ubicado en una zona de densidad baja –repito, densidad BAJA– sería posible construir un conjunto residencial de uso mixto, es decir vivienda, pero también oficinas, con una altura de 9 pisos, un coeficiente de edificación de 4,30 y una densidad de 2.300 habitantes por hectárea. Es decir, casi 600 viviendas por hectárea. Esto equivale al máximo permitido en ciudades como Bogotá o Buenos Aires, pero en zonas de densidad alta.

¿Y qué pretende el Ministerio de Vivienda aprobar en terrenos declarados de densidad alta? Pues se permitiría un coeficiente de edificación de 19,50, lo que es prácticamente el doble del coeficiente máximo permitido en Buenos Aires, superando incluso al máximo permitido en ciudades como Nueva York. Estas áreas de densidad alta podrían llegar a tener 8.700 habitantes por hectárea, es decir más de 2.100 viviendas, casi cuatro veces más denso que lo máximo permitido en Bogotá.

¿En serio las ciudades del Perú tienen equipamientos públicos para este nivel de densidad? Claro que no y la norma no exige que se construyan antes de autorizar los nuevos proyectos de vivienda. No hay en ninguna ciudad, ni en Lima, los colegios, hospitales, postas, parques, servicios de agua y desagüe, incluso pistas, para sostener ese nivel de densidad y garantizar mínimos de dignidad.

Esta norma no genera inclusión. Por el contrario, garantiza hacinamiento que como se ha visto en Chile o en México termina con edificios abandonados, inoperativos y luego demolidos porque son lugares en los que es imposible vivir. Lo único que garantiza este proyecto de reglamento es que se cobre cuatro veces más por el suelo vacante en nuestras ciudades. Hará ricos a los propietarios del suelo, afectará la industria inmobiliaria responsable y garantizará ciudades insostenibles, sobre todo para sectores populares. Un reglamento de vivienda de interés social debiera procurar, junto con la construcción de un número mayor de viviendas, que estas tengan mínimos de calidad para una vida digna.