Segundo round, por Marisa Glave

El pedido de delegación de facultades marca el segundo round de la contienda entre el oficialismo y la oposición. El primero lo ganó el fujimorismo, sus aliados de Renovación Popular y su topo. Conseguir la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores fue claramente un triunfo en un escenario de potencial empate legislativo, logro obtenido bajo prácticas montesinistas clásicas, de compra soterrada de un parlamentario o parlamentaria. El actual presidente del Senado tiene voto dirimente, con lo que, en caso se volviera a producir un empate entre el oficialismo y la oposición, la decisión final recae en Miguel Ángel Torres, pieza clave del fujimorismo.

Esta presidencia les permite tener una barrera constitucional. El diseño bicameral vigente impide cualquier cambio normativo sin el visto bueno del Senado, con lo que este voto dirimente durante este periodo legislativo les otorga poder de veto. Solo lo que plazca al fujimorismo o que sea parte de una negociación preferente pasará.

Pero el fujimorismo tiene un plan restaurador, que va más allá del solo mantenimiento del statu quo. Se pretende retroceder en los avances regulatorios del Estado sobre el mercado, así como reducir los derechos conquistados en este periodo de democracia, por más precaria que haya sido. Para lograrlo necesita el poder de aprobar, además del de vetar, nuevas normas.

Durante los años del llamado “pacto mafioso” en el Congreso, el fujimorismo logró un marco de impunidad importante, con normas que limitan la acción de la justicia frente a casos de violaciones a derechos humanos, así como reducir la capacidad fiscal de investigar potenciales casos de corrupción. Este manto de impunidad es valioso para ellos y lo quieren mantener. Pero no es suficiente, el fujimorismo y sobre todo los intereses a los que representa quieren más.

La importancia de la delegación de competencias

La oposición sí logró mantener la conducción de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, además de mostrar públicamente que como bloque son claramente mayoritarios. Es decir, no se ganó por un voto, sino por 14. Esto permite, hasta cierto punto, asumir que el bloque opositor puede ejercer control político sobre el Ejecutivo, algo no solo legal sino absolutamente necesario en el actual contexto.

Es clave recordar que la señora Keiko Fujimori y su organización política no son un partido más. Que desde que se recuperó la democracia tras la caída del dictador Fujimori, su hija y su organización han intentado recuperar el poder. El país en tres oportunidades logró organizar una oposición electoral que les frenó el paso. Pero esta vez lograron hacerse del sillón presidencial.

Sin embargo, la ciudadanía no les ha otorgado el control hegemónico del Poder Legislativo. Por el contrario, la suma de votos de partidos que abiertamente expresaron su oposición al fujimorismo es mucho mayor. Es fundamental que quienes resultaron electos y electas recuerden que su rol, además de legislar, es precisamente representar ese sentir de defensa de la democracia contra la pretensión restauradora del fujimorismo, que se combina precisamente con su rol de fiscalización del régimen. Es en ese sentido que la Cámara de Diputados debe valorar con mucho detenimiento su comportamiento frente al pedido de delegación de competencias.

La propuesta presentada por el gabinete Galarreta es muy amplia. No se restringe a temas de seguridad ciudadana o de prevención de desastres ante el fenómeno El Niño (FEN). Por el contrario, incluye materias laborales, ambientales, administrativas generales, de inversión pública y privada, tributarias, de derechos de Comunidades Campesinas y de Pueblos Indígenas, urbanas y de inteligencia nacional. Es decir, el fujimorismo pretende legislar directamente en todas las áreas antes señaladas sin tener que pasar por el proceso democrático de deliberación parlamentaria, de escrutinio público de esa deliberación y de aprobación en el Legislativo.

De aceptarse este pedido, la oposición democrática mayoritaria en la Cámara de Diputados haría una abdicación del poder obtenido en las urnas, lo que sería además una traición a la confianza depositada por sus electores. Pero enfrenta un dilema complejo, pues la presión que se ejerce sobre ellas y ellos, usando la verdadera demanda de acción ante el incremento de la criminalidad y la inminencia del FEN, puede llevarlos a una aprobación parcial del pedido, lo que significaría un gran riesgo.

Dado el diseño bicameral, la Cámara de Senadores debe revisar el dictamen que apruebe la Cámara de Diputados. Esta revisión, como señalan algunos, puede suponer una reconfiguración de las competencias finalmente delegadas. Si bien el reglamento vigente señala que no debiera ampliarlas, una interpretación constitucional laxa sí lo permitiría, pues no es una restricción expresada en la Constitución sino en un reglamento de menor jerarquía.

Dado el comportamiento previo del fujimorismo, no solo en los años anteriores, sino en su manera de hacerse con la conducción de la Mesa Directiva del Senado en este periodo, no se puede confiar, bajo ningún precepto, en sus “modales democráticos”. Este es el momento que tiene la oposición en la Cámara de Diputados para demostrar su habilidad política para poner en agenda los temas verdaderamente urgentes, sea planteando sesiones permanentes de comisiones dictaminadoras para ver los proyectos de ley puntuales y aprobarlos de manera célere, o por el contrario para enviar al Ejecutivo una comunicación señalando las materias expresas en las que sí otorgarían competencias para exigirle al gabinete Galarreta que presente un nuevo proyecto donde solo se incluyan esas, evitando así la tentación de la Cámara de Senadores de ampliarla en base al pedido original.

Quienes las y los elegimos para que sean oposición estamos vigilantes. Asuman su rol y atrévanse a ser oposición democrática e inteligente. Que no les marquen la cancha.