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Opinión

La tarea pendiente, por Sandra Contreras

“Para migrantes y refugiados, el acceso a la educación es la mejor forma de convertirse en sujetos de pleno derecho de la sociedad del país de acogida. Además de brindar estabilidad, que impacta positivamente en su estado socioemocional”.

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Por: Sandra Contreras, directora ejecutiva de World Vision Perú.

Hay millones de niños y niñas en tránsito. Algunos acompañados por su padre, madre o tutor, pero muchos de ellos y ellas también viajan -y huyen- por su cuenta, sin que nadie les proteja. Han dejado atrás sus hogares, sus familias, sus amigos, sus juguetes debido a conflictos, violencia y la falta de recursos que garanticen su bienestar, con la esperanza de encontrar una vida más segura y digna que les permita volver a soñar. Al llegar a los países de acogida, sin embargo, persisten las dificultades. Adaptarse resulta hasta titánico en sociedades hostiles, especialmente para los niños y niñas. Los derechos fundamentales se vuelven inciertos.

En el país residen 1.29 millones de ciudadanos venezolanos, de los cuales el 18% son niñas, niños y adolescentes que quieren estudiar e integrarse. Hay 108 mil 918 menores de edad venezolanos que se encuentran en el sistema educativo peruano, en su mayoría (92%) en escuelas públicas. Quienes no figuran en este sistema se debe a la negativa de sus cuidadores (24%) por su condición económica: las familias no deberían tener que elegir entre alojamiento, alimentación, salud y educación.

Para migrantes y refugiados, el acceso a la educación es la mejor forma de convertirse en sujetos de pleno derecho de la sociedad del país de acogida. Además de brindar estabilidad, que impacta positivamente en su estado socioemocional. Recordemos también que la escuela es el espacio clave para asentar en niños y niñas las bases de lo que va a conformar su futuro como personas. Es el lugar para adaptarse a una nueva cultura, a reforzar la convivencia sana y democrática con sus pares, de desarrollarse como ciudadanos e incluso empezar a diseñar su plan de vida. Integrar a la niñez refugiada y migrante era un desafío que debíamos afrontar.

El programa multianual de educación inclusiva +DIVERSIDAD, liderado por UNICEF, en alianza con UNESCO, RET y World Vision; junto a socios en territorio como Save The Children, Alternativa y HIAS, busca precisamente eso: promover la participación de niñas, niños y adolescentes a una educación de calidad, relevante e inclusiva con igualdad de oportunidades especialmente para los migrantes, refugiados y de comunidades de acogida. Actualmente se está trabajando conjuntamente en 191 escuelas y beneficia a más de 100 mil estudiantes de Lima Norte, Lima Sur y Trujillo (La Libertad, donde intervenimos) y con más de 4,500 docentes.

Que la niñez y adolescencia continúen estudiando es primordial. Para lograrlo, también trabajamos para que las autoridades educativas a nivel nacional mejoren la toma de decisiones sobre acceso e inclusión educativa. Además de promover la movilización de recursos para mejorar el acceso inclusivo y la retención en el sistema educativo de estudiantes migrantes y refugiados. Y, sobre todo, para fomentar una cultura de respeto, tolerancia e igualdad entre peruanos y migrantes.

La educación es un derecho que obliga al Estado a dar acceso a los servicios educativos y recursos financieros para que nadie se vea privado de, por ejemplo, competencias escolares básicas. Como una forma de contribuir a mejorar los servicios el programa +DIVERSIDAD, junto con las organizaciones participantes, promueve la capacitación a directivos de las tres zonas de intervención para promover la educación inclusiva, así como brindar soporte pedagógico a niños y niñas para el reforzamiento de aprendizaje. Es clave que el acceso a la educación de los migrantes y refugiados sea reconocido como derecho humano inalienable en un país garante de derechos donde lo más importante es el interés superior del niño y la niña, mas no su nacionalidad. De igual forma, lograr que el proceso de adaptación de las y los migrantes sea acompañado por políticas públicas integrales que fomenten la integración e inclusión debe ser el primer gran paso.

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