La misión de la OEA ya se encuentra en Lima. El Grupo de Alto Nivel, enviado al Perú por el Consejo Permanente de la OEA luego de que el presidente Castillo invocara la Carta Democrática ante lo que asegura es un intento de golpe por parte del Congreso, promete que escuchará a todos los sectores antes de emitir su informe, incluyendo miembros del gobierno actual y de la oposición, representantes de tres poderes del Estado, y a la sociedad civil, incluyendo las iglesias, los sindicatos y el movimiento de derechos humanos.
¿Será una misión que ayude a destrabar la situación de permanente confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo para lograr un equilibrio de poderes y acuerdos mínimos para la gobernanza democrática? ¿O será una misión internacional más que no logra impacto real?
Depende.
Por un lado, depende sobre cómo los diferentes sectores del país reciben el Grupo de Alto Nivel y su misión de forjar puentes de diálogo entre el Gobierno y la oposición y superar el impasse que ha dejado el país en una situación de desgobierno y confrontación. Castillo va a colaborar, no cabe duda, ya que él mismo lo convocó.
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Pero preocupa la actitud de la derecha ante la llegada del Grupo de Alto Nivel. Enviar La Resistencia al aeropuerto a gritar arengas a los miembros de la misión y a su hotel para hostigarles no es un buen augurio. Pero tampoco sorprende. El año pasado, la derecha recurrió a la OEA, sin éxito, para avalar su tesis falsa de que las elecciones de 2021 habían sido fraudulentos. Si la OEA no les hizo el juego la vez pasada, pues deben imaginar que no lo harán esta vez tampoco.
Por otro lado, la efectividad de la misión depende también sobre quienes integran la misión de la OEA. Llama la atención en particular la participación de Mario Búcaro, canciller de Guatemala, un país lejos de ser digno de llamarse democrático. Organizaciones internacionales han llamado la atención sobre una recaída autoritaria en Guatemala, que se ha acentuado bajo el gobierno actual de Alejandro Giammattei. Mas de 30 jueces y fiscales independientes, cuyas investigaciones y sentencias han llevado a centenares de corruptos y criminales de guerra a la cárcel, han sido obligado a abandonar el país. Más de 150 periodistas, defensores de derechos humanos y dirigentes comunitarios también han sido al exilio ante la cooptación del Estado por parte de sectores corruptos cercanos a Giammattei.
Es una vergüenza que la OEA haya incluido en una misión que pretende velar por la democracia a un funcionario de un país que abandonó toda pretensión de ser democrático y está abiertamente persiguiendo a fiscales y jueces honestos, periodistas como José Rubén Zamora, editor de El Periódico, quien lleva cinco meses en la cárcel bajo cargos inventados, y líderes comunitarios que están defendiendo sus territorios ante el extractivismo rapaz.