¿Hacia otro 5 de abril?, por Inés Flores

Acorralado por las investigaciones judiciales, el presidente Pedro Castillo ha decidido movilizar a las rondas campesinas y a otros gremios de base. En sus discursos, erráticos pero cargados de odio, las emprende contra el Congreso, las instituciones judiciales y el periodismo. Su objetivo es atemorizar a la oposición, dividir y confrontar.

En esta puesta en escena, Castillo suele victimizarse ante la población y denuncia persecución política de parte de las autoridades judiciales. Lo hizo últimamente en la región San Martín. Otras reuniones, como las realizadas en Palacio de Gobierno con organizaciones de base, copian el estilo autoritario y demagógico del dictador Maduro de Venezuela.

Un grupo de ministros, encabezados por el premier Aníbal Torres, ofician de vergonzosos corifeos en esta farsa, clamando e incitando a cerrar el Congreso.

El Ministerio Público le ha abierto al mandatario seis investigaciones por delitos de corrupción, que incluyen a los colaboradores más cercanos que tuvo en el Gobierno. También están investigados su esposa Lilia Paredes y sus cuñados.

Las declaraciones de su exsecretario Bruno Pacheco ante la Fiscalía lo involucran como cabecilla de una organización criminal. Están pendientes las declaraciones de su exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, cuyo abogado gestiona su papel como colaborador eficaz.

Cuanto más ajuste la cuerda de la justicia, más próximo será el riesgo de que Castillo atente contra el sistema democrático. Tendría a la mano, con el beneplácito de muchos, cerrar el Congreso como lo hizo Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992. Es el recurso de muchos dictadores. Pero después de esa aventura los espera la prisión.