Más tecnología, mejor administración de justicia

Por Fabrizio Terán Ludwick (*)

El uso de la tecnología está permitiendo y acelerando la modernización de la administración de justicia en todo el mundo. Con la ayuda de servidores informáticos, nuevos diseños de los procesos, uso de aplicativos en celulares y de bases de datos digitales, se garantiza el acceso a los servicios de justicia a un mayor número de ciudadanos que demandan una atención de mejor rapidez y calidad.

Desde 2017, el Poder Judicial del Perú desarrolla el expediente judicial electrónico como parte de la transformación digital que necesita la administración de justicia, al igual que toda la gestión pública. Y se lleva adelante con un marco normativo que facilita esta labor clave, tomando como referencia casos de éxito en Corea del Sur, Estonia y España. Se suman a este empeño los esfuerzos del Ministerio Público con la Carpeta Fiscal Electrónica y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con la digitalización de la defensa pública.

¿Y cuáles son las ventajas del uso de la tecnología en los servicios judiciales?

Mediante el expediente judicial electrónico, la digitalización de los servicios judiciales permite que todos los ciudadanos puedan hacer un seguimiento de sus expedientes, desde la denuncia inicial hasta la lectura de sentencia en los juzgados. De esta manera se garantiza el proceso judicial sin ningún tipo de intervención externa, pero con la presencia de ojos que pueden detectar demoras excesivas, falta de transparencia y sobre todo que las sentencias sean no predecibles y tardías. Porque, justicia que tarda, no es justicia.

Con el uso de la tecnología se logra también que los procesos judiciales sean más eficientes, oportunos, transparentes y ágiles. Además, contribuye a que la sentencia sea totalmente predecible para los involucrados en los procesos judiciales. Y porque garantiza el acceso a los servicios de justicia a más ciudadanos que demandan su uso.

Pero esto no solo queda en brindar mejores servicios de justicia y mayor acceso a los ciudadanos. El Estado, por intermedio del sistema de administración de justicia, debe hacer uso de la base de datos, que contiene toda la información de los procesos judiciales. Y con la ayuda de la inteligencia artificial, debe diseñar políticas de lucha contra la delincuencia y los principales delitos, debe promover políticas educativas que informen a la población sobre sus derechos y deberes.

También está en condiciones de diseñar políticas penitenciarias que garanticen una resocialización del interno, tanto en menores infractores de la ley penal como en los adultos, sobre todo en los reincidentes. Además podrá difundir la jurisprudencia de uso obligatorio, así como capacitar y evaluar a todos los fiscales y jueces, con la ayuda de la tecnología, lo que generará un uso más eficiente de los escasos recursos públicos destinados a la administración de justicia.

En el largo plazo, una justicia digital garantizará los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas, así como el desarrollo de políticas públicas vinculadas entre sí, para todos los sectores del país, en beneficio de la población que demanda cada vez más servicios al Estado. Y, sobre todo, servicios con más calidad, eficiencia y transparencia.

(*) Economista.