Los recaudadores

Durante los últimos días, el diario La República ha publicado los detalles de la subsanación a las observaciones de la acusación fiscal por lavado de activos contra Keiko Fujimori. Se trata de un documento extenso y bastante minucioso, donde se describe al detalle el entramado y los procedimientos creados por Fuerza Popular para ingresar donaciones irregulares en las campañas presidenciales del 2011 y 2016.

Cuando uno pensaba haberlo visto todo, José Domingo Pérez aporta elementos nuevos y francamente sorprendentes. Quizá el más impactante sea que Fujimori recibió en persona algunos de los fondos que Dionisio Romero Paoletti (Credicorp) y Juan Rassmuss Echecopar (Sudamericana de Fibras) entregaron en sobres o maletines para las campañas fujimoristas. Esto ocurrió en 2016, pero también en 2011, cuando era congresista y, por tanto, funcionaria pública.

Ahora se sabe que ambas empresas consignaron la entrega de efectivo en sus respectivas contabilidades. También que no todo este dinero fue inyectado en la campaña fujimorista. Asimismo que entre todas las personas que recogieron estas entregas —la propia Keiko Fujimori, su esposo Mark Vito Villanella, Augusto Bedoya Cámere, Pier Figari o Jaime Yoshiyama— también se encontraba Víctor Siguiyama Kobashigawa, quien llegaría a ser jefe de la Sunat por un acuerdo entre la mayoría fujimorista y el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Con el propósito de encubrir estas irregularidades fiscales?

Es muy poderosa la imagen de una candidata presidencial recibiendo sobres y maletines con dinero en efectivo para introducirlo en una trama de pitufeo partidario. Además de espectaculares, estas revelaciones son una campanada de alerta para el fujimorismo, que ve que las investigaciones no se han detenido y que, con cada día que pasa, la situación legal de su lideresa no deja de complicarse con acusaciones que ganan en contundencia.

El complejo mundo judicial ha tenido efectos tangibles en la política peruana de los últimos tiempos. Expresidentes, alcaldes, líderes partidarios, empresarios y periodistas han resultado cercados por las denuncias de corrupción del caso Lava Jato. Sus desesperados intentos de defensa han definido en buena parte el curso de los últimos años, acelerando y profundizando la aguda crisis política que vivimos.

¿Qué pasará ahora? ¿Cómo reaccionará el fujimorismo ante lo inminente? ¿Intentando una nueva ofensiva contra las instituciones de nuestra democracia? ¿Lo acompañarán los demás partidos políticos en el esfuerzo? ¿Actuarán pensando que solo un frente unido les garantizará la impunidad? ¿Qué papel jugará la nueva composición del Tribunal Constitucional en este proceso? Aunque las venimos repitiendo desde hace cinco años, estas preguntas no han perdido su vigencia. De hecho, ante el inicio de varios juicios orales especialmente dramáticos, se vuelven urgentes, decisivas.