Prensa libre en la mira de los políticos, por Augusto Álvarez Rodrich

El Perú no es la excepción a la crisis mundial de la libertad de expresión, siendo el actual el peor momento de, al menos, las últimas dos décadas.

Un informe de The Economist en el Día de la Prensa, que se conmemora el 3 de mayo, señaló que el 85% de la población mundial vive en países en los que se recortó la libertad de expresión en el lustro pasado, estando hoy tan limitada como en 1984, en plena Guerra Fría.

Esto incluye censuras; uso de publicidad estatal para medios que adulan y auditorías y juicios a los críticos; compra de medios hostiles al gobierno por magnates beneficiados por la corrupción estatal; o espionaje a periodistas y campañas para demoler su reputación en las redes, entre muchos otros.

El Perú, durante la presidencia de Pedro Castillo, no escapa a este fenómeno perverso, en el marco de una campaña de hostigamiento al periodismo.

Las principales autoridades, como el presidente Castillo y el premier Aníbal Torres, lideran un discurso abierto y sistemático de ataque y desprestigio del periodismo. Y el plan de gobierno con el que postularon hace un año, escrito por el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, es un himno a la demolición de la prensa libre.

Esto se organiza alrededor del argumento del monopolio, usado de manera distorsionada para atacar a la prensa libre y la economía de mercado, o promover una asamblea constituyente.

La actitud del gobierno contra la prensa libre se basa en su creencia de que el Perú sería ‘un mejor país’ si no hubiera periodismo, es decir, medios que informan, investigan y critican.

Esa creencia del gobierno de Castillo es ampliamente compartida en toda la comunidad política peruana, con escasas excepciones, incluyendo a casi todas las bancadas parlamentarias, como lo pudo constatar este columnista esta semana de manera directa.

La sólida evidencia de que el Perú atraviesa hoy por un momento muy complicado para el ejercicio de la prensa libre ha motivado que venga al país esta semana una misión de la relatoría para la libertad de expresión de la CIDH, con una agenda para evaluar los temas más relevantes de la situación actual: falta de transparencia, acceso a la información, concentración, discurso estigmatizador y acoso judicial.

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