El peligro de armar el Serenazgo

Por: Melina Galdos, investigadora. Unidad de Investigación de Políticas de Ciencia, Universidad de Sussex.

La frase “una persona sin armas no puede enfrentar a un delincuente que está armado” ha abierto una nueva arista en el debate sobre seguridad ciudadana en el país. Tras el anuncio del primer ministro sobre la necesidad de equipar al serenazgo con armas de fuego, se han puesto sobre la mesa una serie de inquietudes que incluyen la pertinencia de la medida, su legalidad y la idoneidad de los protocolos para la preparación y selección de quienes portarían armas, pero estos elementos no son los únicos que deberían preocuparnos.

Entre agosto del 2019 y enero del 2020, el 12.4% de las víctimas de un hecho delictivo denunció que este fue cometido con un arma de fuego; esto es 2.7% más que la cifra reportada para el año anterior según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Si bien es difícil calcular el número real de armas de fuego que circulan ilegalmente en el país, es posible hacer estimaciones en base al número de armas incautadas a la delincuencia. La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), por ejemplo, reportó que más del 60% de armas incautadas podrían tener un origen legal. Esta cifra pone los reflectores no solo en la vulnerabilidad de civiles ante el robo o pérdida de un arma de fuego, sino también sobre la de los efectivos policiales, quienes también denuncian estos hechos.

Actualmente, no contamos con evidencia que nos permita afirmar que más agentes de seguridad armados en las calles podrían tener un impacto real en la reducción del delito. No obstante, lo que sí podría esperarse es que haya más denuncias de pérdidas o robos de armas de fuego (ahora también por parte de serenos) y, en consecuencia, más armas disponibles en el mercado negro para ser adquiridas con fines delictivos. Ahí también reside el peligro de armar al serenazgo.