Las reformas y sus perdedores

En “Acorralados” (https://larepublica.pe/opinion/2021/12/04/acorralados-por-david-rivera/) planteamos que el principal problema del país hoy en día es el avance de la participación en el Estado de sectores que representan intereses informales e ilegales. El Congreso y el Gobierno actuales permiten constatar que se trata de un proceso consolidado.

Por ello, una pregunta necesaria es cómo salimos de ahí. Por un lado, la reforma política y la del sistema de justicia siguen siendo fundamentales. Pero no son suficientes. Las contrarreformas de los últimos años deben llevarnos a considerar si no es indispensable que las políticas públicas —además de sancionar a dichos sectores— comiencen a plantearse cómo incentivar la incorporación de aquellos dispuestos a asumir las reglas de juego, cómo mitigar los costos asociados de cualquier reforma y/o cómo compensar a quienes puedan resultar perjudicados. Parece evidente, pero nuestra realidad demuestra que no necesariamente lo es.

Veamos la reforma universitaria. Las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) permitieron que incluso algunas universidades que se habían resistido inicialmente a la reforma se alinearan con ella. Sin embargo, cuando se planteó que se diera una segunda oportunidad a las que no lo habían conseguido, la indignación primó y se rechazó esa idea. Ello, a pesar de que el propio director de Educación Superior Universitaria, Jorge Mori, explicó que la ley sí lo permitía. La sanción a las no licenciadas pasaba por prohibirles los exámenes de admisión. Además de ahogarlas financieramente, implicaba que, para intentar nuevamente el licenciamiento, los dueños hubiesen tenido que asumir un costo financiero mayor. Más aún considerando que las condiciones para ellas ya no serían solo las CBC, sino un modelo más exigente. Está claro que había casas de estudio que no merecían una segunda oportunidad ni podrían obtener la licencia, pero es probable que otras sí. Ello hubiese permitido reducir el impacto sobre la población estudiantil afectada, así como el número de actores opositores a la reforma.

Sobre este último punto, cuando en el 2018 se denegó la primera licencia, no existía un plan para reubicar a los estudiantes. La política respectiva se aprobó en marzo del 2020. Y cuando a fines del 2019 se lanzó la Beca Traslado como plan de contingencia, el presupuesto destinado por el MEF (en ese momento y en adelante) fue irrisorio. Mientras el Minedu argumentaba que dicha beca era indispensable para la sostenibilidad de la reforma, para el MEF los alumnos de las universidades con licencia denegada no formaban parte de la élite que “merecía” financiamiento público. No había recursos ni voluntad para ampliar la capacidad de las universidades públicas ni para que los privados absorbiesen la “demanda” insatisfecha. El Estado castigando a las víctimas de su propia inoperancia.

Pensemos ahora en la educación básica. ¿Era posible un magisterio más capacitado y dispuesto a la meritocracia con los niveles salariales que tenía y sigue teniendo? No resultaba realista. Ahora miremos la minería y la tala informales e ilegales. ¿Es sensato esperar que retrocedan si no se crean oportunidades económicas en las regiones donde operan? No lo es. Volvamos a la reforma política: ¿cómo así esperábamos que los partidos no recurrirían a recursos privados y/o de dudosa procedencia cuando, en paralelo, las exigencias normativas eran altas y a la vez no contaban con financiamiento público?

Está claro que siempre habrá sectores para los que ningún incentivo será suficiente y que intentarán permanecer al margen de la ley. Pero necesitamos comenzar a pensar, también, si es posible crear incentivos para aquellos que son resultado del propio sistema, así como en mitigar el impacto para los “perdedores” de cada reforma.

O encontramos una salida, o serán los sectores informales e ilegales quienes definirán el destino del país. Ya está sucediendo con este Gobierno y con este Congreso.