Repsol minimizó daños

El desembarco azaroso de crudo en la planta de La Pampilla provocó el derrame de una cantidad elevada de petróleo en el mar, con el consiguiente daño para el ecosistema, muerte de peces y aves y grave contaminación de playas del área. Fue producto del oleaje anómalo ocasionado por las explosiones del volcán en Tonga, según la empresa Repsol.

Hasta allí el resumen puntual de lo acontecido. Pero lo más relevante es que la propietaria de La Pampilla es una empresa petrolera que desarrolla labores en similares condiciones en otros puntos del planeta, por lo que tendría que contar con sistemas ad hoc para alertas tempranas de cualquier contingencia en el mar y para la adopción inmediata de acciones destinadas al control y remediación de todo tipo de daño ambiental.

Repsol, la empresa española, ha mantenido silencios graves y explicaciones inauditas, primero, por negarse a asumir la responsabilidad por el derrame de crudo; segundo, por sus datos inexactos sobre la envergadura del derrame y, tercero, por querer minimizar su responsabilidad sobre el daño ecológico y proponer acciones de remediación que no están a la altura de las soluciones tecnológicas que se siguen en otras partes del mundo.

Los 7 galones que supuestamente se habían derramado se transformaron en 6 mil, una vez que resultó imposible ocultar la mancha de petróleo que se extiende a lo largo de 1 millón 339 mil metros cuadrados, según reevaluación de OEFA, afectando a cada vez más playas en Ventanilla, Santa Rosa y Ancón con el transcurso de las horas. Cinco días después de ocurrido el derrame, por su mal manejo, la mancha de petróleo llegó a Huaral sin que se intente bloquear su paso devastador.

La empresa no ha propuesto aún medidas para paliar los efectos del derrame de crudo y solo se logra apreciar a personal de servicio y voluntarios provistos de baldes de plástico y rastrillos. Lo que se requiere, además de asumir la responsabilidad, es buscar la tecnología de punta que se emplea en otros países para reducir los efectos de la marea de petróleo.

El Estado peruano cuenta con mecanismos que obligan a las empresas trasnacionales a cumplir sus compromisos y garantizar estándares internacionales para resolver situaciones como estas. Hay que echar mano de todos los recursos del Estado para lograrlo: multas, investigaciones fiscales, la acción determinada de los organismos encargados y los sectores responsables. Se trata de hacer respetar la soberanía nacional y el Estado de derecho sin titubeos ni vacilaciones.