El congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay tiene que recibir una sanción ejemplar por parte del Congreso y del Ministerio Público. No podemos seguir tolerando la impunidad machista que ha imperado en el país cuando se trata de hombres con poder.
La denuncia hecha por su expareja en Panorama es sumamente grave y da cuenta de potenciales delitos como: agresión física con lesiones graves, pues la dejó sin posibilidad de hablar y con asfixia por una patada en la garganta; acoso sistemático a modo de hostigamiento; acoso sexual con propagación de imágenes íntimas sin consentimiento de la víctima. Denuncias que no pueden pasar por agua tibia. El Ministerio Público debe abrir investigación de oficio y revisar denuncias ya formalizadas con celeridad. Las mujeres víctimas de violencia no pueden seguir sintiendo que se estrellan contra la pared cuando buscan la intervención de la Fiscalía, que tiene la llave de acceso a la justicia.
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Pero la cultura de impunidad machista se agrava cuando el acusado de agresión tiene herramientas para evadir la justicia y, peor aún, amedrentar a la víctima para evitar que mantenga la denuncia, para silenciarla. Eso justamente es lo que la víctima ha denunciado en prensa. No solo ha dado un recuento de los hechos de violencia, sino que ha señalado que recibió mensajes amenazadores por parte de allegados al congresista usando ¡información de la Comisión de Inteligencia!
Esto es gravísimo. Esa comisión tiene acceso a información muy sensible, es un abierto conflicto de interés que el entorno del congresista Cordero use información privilegiada para presionar y amedrentar a una víctima de violencia. ¿Cómo es posible que la Comisión de Ética del Congreso archivara el pedido de investigación de oficio que la congresista Ruth Luque presentó contra Cordero?
Si quien lee esta columna se da unos minutos para oír las intervenciones de los y las congresistas en la comisión, escuchará un rosario de argumentos revictimizadores. Desde el clásico “por qué no denunció antes”, pasando por el “y dónde están las pruebas”, como si el testimonio de la víctima no fuera suficiente para abrir indagación.
Varias personas vimos la reacción casi violenta de la presidenta de la comisión en el programa de Jaime Chincha, señalando que no tenían que investigar nada. El mismo tono y la misma actitud tuvieron varios congresistas en la comisión contra Luque, la única congresista que se atrevió a presentar el caso, exigiéndole a ella presentar pruebas de la acusación hecha por la víctima, olvidando que la comisión puede –y debe– abrir investigación y hacer la indagación necesaria, para eso tienen equipo técnico contratado, ¿sino para qué?
La comisión ha reconsiderado el voto y abrió indagación, seguiremos con atención el resultado de la misma. La impunidad machista no puede continuar.