TC: ¿Mejorar la elección con peores reglas?
El reglamento aprobado redujo el porcentaje para la puntuación de las entrevistas a 40%, pero sigue siendo un margen altísimo para una evaluación que tiende a ser muy subjetiva.
Por: Úrsula Indacochea - DPLF Washington
El Reglamento aprobado ayer por el Congreso para elegir a nuevas magistraturas al Tribunal Constitucional (TC), en lugar de mejorar sus aspectos problemáticos, va en la dirección contraria: reducir la transparencia, limitar la participación ciudadana, y generar espacios donde las calificaciones no están sujetas a criterios subjetivos. Difícilmente con peores reglas se lograrán mejores resultados que en la fallida elección pasada. Quiero dejar anotados tres grandes riesgos que generan.
Primero, la entrevista. Increíblemente, la propuesta original le daba un 50% del peso total de la calificación. El texto aprobado lo redujo a 40%, pero sigue siendo altísimo para una evaluación que tiende a ser altamente subjetiva. En palabras sencillas: si las entrevistas no se planifican, se convierten en la “cabina mágica” donde el peor puede resultar siendo el mejor calificado. ¿Se formularán esta vez, preguntas pertinentes para evaluar aspectos relevantes? ¿Rangos referenciales para calificar las respuestas? ¿O cada quien va a volver a preguntar lo que se le ocurra, y a calificar según su propio criterio?
Segundo, la motivación de las calificaciones. En la fallida elección anterior vimos con espanto falaces (o inexistentes) motivaciones de los puntajes de la entrevista. El Reglamento aprobado no tiene la obligación expresa de publicarlas, sino solo de entregarlas al Presidente de la Comisión, quien publica los puntajes finales. Mala idea: eliminarlo del reglamento no elimina el derecho de acceso a la información de los ciudadanos ni exime de cumplir obligaciones internacionales.
Finalmente, la solvencia moral. Pese a que hay consenso técnico de que este aspecto no se puede evaluar solo con certificados de buena conducta, o de ausencia de sanciones, el Reglamento insiste en este modelo. ¿Cuál puede ser el resultado? Que personas con certificados negativos, pero con fuertes cuestionamientos éticos, no puedan ser apartadas.
Toca a la Comisión Especial del Congreso mostrar que, a pesar de las reglas, en la práctica puede hacerlo mejor esta vez.