La soberanía sobre el destino de los recursos naturales, así como una mayor captación de la renta, fue considerado como un tema viejo, obsoleto y sobrepasado por el “libre mercado” en estos 30 años de neoliberalismo. Ahora que su discusión vuelve al primer plano, es importante reflexionar sobre lo que está en disputa, así como sobre lo que ha sido favorable. Y sobre lo que se viene.
Las renegociaciones son la regla en el Perú. De los 676 convenios de estabilidad jurídica firmados entre 1993 y 2017, ha habido más de 300 renegociaciones. El 98% a pedido de los inversionistas. Apenas un puñado a pedido del Estado, destacando el del Gobierno de Alan García en el 2006, justamente sobre el reajuste de precios del contrato del Lote 88 con el Consorcio Camisea.
Las empresas se han escudado en la Constitución de 1993 para no aceptar requerimientos del Estado. Así sucedió con el DS-039-2010-EM, que planteó “establecer un valor mínimo para la regalía del gas natural en caso de exportación” del Lote 56 de Camisea y autorizó a Perupetro (no al primer ministro) a renegociar. Ese valor mínimo en ningún caso debería ser inferior al valor promedio de la regalía del gas destinado al mercado interno (art. 2).
No pasó nada. Los inversionistas invocaron el art. 62 sobre los “contratos ley”. ¿Y el Gobierno? Cero balas.
Durante Alejandro Toledo se modificó la legislación para “adecuarla” a la exportación del Lote 56. Lideraron la crítica dos congresistas de izquierda, hoy fallecidos, Javier Diez Canseco y Manuel Dammert. Una de las cerezas de la torta fue el decreto supremo del 2006 que permitió que el Lote 88 “preste” sus reservas (exclusivas para el mercado interno) al Lote 56, que necesitaba ese “aval” para exportar.
Un problema grave –aún no resuelto– fue el contrato de venta de Repsol con el Gobierno mexicano en el 2007, donde no intervino el Gobierno peruano. Se contrató la venta al precio del gas de EE. UU., sin considerar la indexación a un combustible sustituto, como es la regla en ese mercado y es lo que Repsol sí hace cuando le compra gas a Argelia para abastecer a España.
Sucedió que el precio bajó en EE. UU. debido a la aparición del gas esquisto (“shale gas”), pero no en Asia ni Europa. Al no tener nuestro gas indexado se vendió a precio vil y las regalías fueron menores que las del mercado interno. Y, en el 2011, se descubrió que Repsol, sin decirle al Estado peruano, reexportó el gas a otros mercados (que tenían precios más altos). La controversia llegó al tribunal arbitral del Ciadi, donde Perú ganó y recuperó US$ 62 millones.
Los mayores problemas, denunciados por múltiples partidos y candidatos, son del Lote 56 y no del Lote 88. La renegociación debe hacerse de acuerdo a ley, tal como lo anunció el presidente Pedro Castillo, con lo que están de acuerdo varias empresas del Consorcio Camisea. Clave: el Estado debe estar presente en la exportación del gas.
Camisea también ha traído cosas buenas: el gas domiciliario y el gas vehicular, más baratos y menos contaminantes. Pero se ha concentrado en Lima, como siempre. Este es un problema del Estado (no de las empresas), que, con el chip de la subsidiariedad del Estado, no hizo como Argentina, Bolivia y Colombia: apoyarse en su empresa estatal. Esto debe cambiar.
Tema clave: la renegociación anunciada nada tiene que ver con impulsar la masificación del gas a millones de hogares, lo que, ya, debe comenzar a andar. Hay gas suficiente para ello.
Para terminar: renegociaciones ha habido por centenas. Con Camisea no se debe anticipar un desacuerdo y plantear expropiaciones, antes de sentarse a la mesa. Así como el presidente Castillo anunció que declarará la emergencia climática nacional así también su Gobierno debe presentar una agenda que permita recuperar la soberanía sobre los recursos naturales y una mayor renta, a la vez que un aumento de las inversiones para garantizar la oferta durante varios años. El gas es el combustible puente para alejarnos de los combustibles fósiles en esta era de transición energética por el cambio climático. Allá vamos.
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