Estriptis digital

El suceso acaecido hace unos días en torno a un inusitado estriptis digital llevado a cabo por la parlamentaria Norma Yarrow nos deja una lección central:

Usar adecuadamente los dispositivos digitales es un mandato y cae en el ámbito de nuestra propia “alfabetización digital”. La apropiación de lo digital a nuestro favor y de nuestra comunidad NO es un proceso que suceda espontáneamente. Necesita intencionalidad. O al menos curiosidad de explorar la tecnología y sus potencialidades.

Un descuido en el manejo de un dispositivo o de alguna –de las ahora populares– plataforma de transmisión vía streaming puede estar dentro de nuestra nueva normalidad, que, entre otras cuestiones, supone un uso intensivo del teletrabajo como modalidad de productividad laboral. Ello, no obstante, no justifica la negligencia.

Además, siendo la parlamentaria Yarrow una funcionaria pública, tiene a su favor la posibilidad de influir en la opinión ciudadana, no solo respecto de cómo se interpreta una anodina desnudez, sino también respecto de lo que yo llamaría diligencia digital. Es decir, ese especial cuidado que requerimos considerar cuando interactuamos en entornos digitales que potencialmente se tornan públicos. Al fin y al cabo, de lo que trata el suceso “Yarrow” es sobre cómo ejercitamos nuestra ciudadanía digital en sus extremos positivos y negativos: derechos, pero también deberes.

Lograr que en el Perú exista una cultura digital, en modo alguno significa que tener cobertura de internet y acceso a dispositivos (teléfonos, tabletas, computadores) asegure la existencia de una sociedad del conocimiento. Lograr ese mandato que no solo es un consenso nacional –incluido dentro del ámbito del Acuerdo Nacional número treinta y cinco–, requiere un esfuerzo que facilite el autoaprendizaje como una forma de mejorar nuestra alfabetización digital. Por eso, no hay excusas que justifiquen la ignorancia respecto a cuestiones mínimas que se identifican con el ejercicio de una adecuada ciudadanía digital.

Dicho esto, es nuestra obligación conocer los mínimos que implican teletrabajar, incluyendo medidas de control y seguridad. Con más razón si se es una funcionaria pública.