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Opinión

Terrorismo: el poder de un nombre

“‘Terrorismo’ se incorpora a nuestro lenguaje político a comienzos del siglo XIX como un concepto asociado al ‘gobierno del Terror’ de Robespierre, durante la Revolución Francesa”.

En democracia. Cecilia Méndez sostiene que el casi seguro gobierno de Castillo podría suponer un cambio profundo, pero esta vez con la legitimidad que ofrece el sufragio libre y universal. Foto: Virgilio Grajeda / La República
En democracia. Cecilia Méndez sostiene que el casi seguro gobierno de Castillo podría suponer un cambio profundo, pero esta vez con la legitimidad que ofrece el sufragio libre y universal. Foto: Virgilio Grajeda / La República

Sin proponérselo, Panamericana TV ha puesto la atención pública en un tema tabú: el terrorismo antes de Sendero Luminoso. Cuando la periodista Roxana Cueva decidió divulgar fragmentos de unas declaraciones que el entonces canciller Héctor Béjar formuló antes de ser canciller, sacándolas de su contexto –y donde se le oye decir “la Marina empezó el terrorismo”– su propósito no fue contribuir a una mejor comprensión de un periodo de nuestra historia que trajo indecibles sufrimientos. Fue provocar la caída de Béjar. Y lo consiguió, construyéndolo virtualmente como un “terrorista” con ayuda de otros medios y de periodistas supuestamente serias que se sumaron al cargamontón, llegando a decir que Béjar “mató gente” cuando fue guerrillero hace decenios, sin evidencias, y sin que ni un fact checker se inmutara. Visto el éxito de la movida y el mal manejo del gobierno, los medios y políticos van ahora por más “terroristas” en una guerra sin cuartel que ahonda la polarización, dando la espalda a las urgencias y necesidades de la ciudadanía.

Como historiadora, encuentro insólito que un canciller perdiera su puesto por haber dicho alguna vez una verdad histórica: que el terrorismo en el Perú no empieza con Sendero en 1980. La histeria colectiva no solo sacó sus palabras de contexto sino que las tergiversó, endilgándole (no siempre inocentemente) haberse referido a “Sendero” cuando dijo “terrorismo”, como si fueran uno y lo mismo. De hecho, Béjar se quedó corto en la cronología. El terrorismo no empezó en los setenta. La historia del terrorismo es más larga y compleja, y no puede separarse de la historia del poder de nombrarlo.

“Terrorismo” se incorpora a nuestro lenguaje político a comienzos del siglo XIX como un concepto asociado al “gobierno del Terror” de Robespierre, durante la Revolución Francesa. En la década de 1860, coincidiendo con las veleidades recolonizadoras en Europa que condujeron a España a atacar nuestras costas y a Francia a invadir México, el terrorismo vino a asociarse más explícitamente con gobiernos monárquicos tiránicos y conservadores, teniendo en los liberales a sus principales opositores. Es por ello que cuando en 1867 tres congresistas y hacendados de Puno elaboran un proyecto de ley que buscaba reprimir a sangre y fuego las protestas campesinas que en aquel momento convulsionaban varias provincias de Puno, los liberales lo bautizan como “La ley del Terror”. Y la combaten férreamente con sus escritos en El Nacional y en El Comercio, entonces un diario progresista, así como a través de la recién fundada Sociedad Amigos de los Indios, donde abogaban por los derechos indígenas, denunciando el “terrorismo” de los gamonales. Aunque los liberales lograron evitar que la llamada “ley del terror” se convierta en ley, no pudieron impedir que la durísima represión se ensañara con los campesinos de Huancané, decenas de los cuales fueron torturados y asesinados, entre ellos el liberal puneño Juan Bustamante quien se había unido a los rebeldes.

Fue solo al promediar el siglo XX, cuando el Estado consolida su aparato represivo y su capacidad de ejercer y legitimar su violencia a través de la ley, al amparo de un contexto internacional de guerra fría, predominio militar estadounidense y de las doctrinas de “seguridad nacional”, que el término “terrorista” es transferido léxicamente del Estado a actores no estatales. En este contexto, “terrorista” deja de ser un término fundamentalmente político para pasar a ser también jurídico, como es el caso hoy. La Ley de Seguridad Interna de la República, promulgada por la dictadura de Odría en 1949, fue probablemente la primera en el Perú que incorpora el término “terrorista”, aunque todavía como un adjetivo, al sancionar “los actos terroristas” como un “delito sociopolítico”. En la mira están el APRA, el Partido Comunista y las organizaciones sociales, sindicales y políticas que se sospechaba estaban asociadas a ellos.

Conocer esta historia tendría que servir para reconocernos en el espejo de nuestras violencias acumuladas y no solucionadas del pasado. Y pensar antes de desplegar con tanta ligereza el término “terrorista” contra un ser humano.

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