¿Le pagaron o no?

Con un poquito de tardanza, acabo de leer una columna de Miguel Ramírez, en El Trome (2/3/21). En ella hace alusión a un comunicado que firmé, junto a un grupo amplio de periodistas, en solidaridad con el periodista Daniel Yovera. Y que alertaba, además, sobre la criminalización judicial de la libertad de información.

El pronunciamiento se propaló el 21 de febrero, a través de un tuit de Edmundo Cruz, quien es una institución en el periodismo de investigación en el Perú. ¿Qué decía dicho manifiesto? Que las amenazas a la prensa se habían reinventado. Que cocteleaban ofensivas de demolición con querellas y campañas de descrédito basadas en fake news, bulos, o supuestos “informes independientes”, aunque sin identificar la fuente real del “financiamiento”. Que esta combinación de “técnicas” tenía el propósito de siempre: silenciar.

En él aparecen algunos ejemplos de asedios. Entre ellos, se menciona, por cierto, a Ramírez, quien hace pocos meses elaboró un “informe” que pretendía descalificar a Yovera, ese sí un periodista de investigación de verdad.

El texto de Ramírez en El Trome, así como su “informe”, no responden a lo esencial. Y se victimiza, claro. “Mi ‘pecado’ es haber puesto al descubierto que un documental de la agencia de noticias árabe Al Jazeera –presentado el año 2016 por el periodista Daniel Yovera– adolece de gruesos errores y falta de rigor periodístico”, solloza.

Y añade: “El personaje central es Alberto Gómez de la Torre, a quien se le señala como sodálite y de haber estado en contubernio con los malhechores”. Luego sostiene que Gómez de la Torre pidió “una rectificación de lo afirmado sobre su persona. Pero nadie le ha hecho caso”.

Y es cierto. Nadie le ha hecho caso a Gómez de la Torre. ¿Por qué? Porque lo que dice Yovera en su reportaje es incuestionable. Alberto Gómez de la Torre Pretell, en representación de una asociación ligada al Sodalitium, ¿le pagó o no le pagó 73 mil 500 soles semanales, usualmente en efectivo, durante más de veinte meses, a Dennis Cruz, jefe de la banda de La Gran Cruz? ¿Niega que, en su condición de apoderado de una empresa vinculada al Sodalicio, contrató criminales? ¿Eso no es estar “en contubernio con los malhechores”? ¿Acaso no existe una manifestación donde admite los pagos?

Eso ha sido lo medular, no que lo hayan señalado “como sodálite”, como artificiosamente señala Ramírez. Algo que, si me apuran, jamás dice Yovera. “El afectado me pidió que investigara su caso”, advierte.

Y eso es lo que no está claro. ¿Le pidió o lo contrató? Porque si Ramírez lo hizo ad honorem, por las razones que fueran, okey. Pero si le pagaron a él también, ¿no hubo sesgo? ¿No debería transparentarlo? Pregunto nomás.