¿Subsidarío o solidario?

Cuando empezó la pandemia, pensábamos que sería cuestión de unos cuantos días. Han pasado más de diez meses y estamos mucho peor. Ahora, esperamos la varita mágica de la vacuna. Pero no estamos seguros de que la vacuna cubra todas las nuevas variantes.

Más grave aún: ¿será este COVID-19 un hecho aislado o vendrán sucesivas olas, y variantes, y nuevas pandemias, producto de la guerra prolongada de la humanidad contra la naturaleza? ¿No estaremos entrando a la era de las pandemias?

En esta incertidumbre y angustia, es indispensable y urgente la tarea colectiva de toda la comunidad nacional y, en verdad, la acción mancomunada de la muy opaca comunidad internacional. En medio de tan grave emergencia resulta del más negro humor invocar principios abstractos que contribuyen a hacer de la pandemia un genocidio. Tal es el caso del “dogma de la inmaculada subsidiariedad del Estado”.

Esta expresión, larga y cacofónica, quiere traer a la memoria un dicho que tiene más de cien años. En efecto, en el siglo XIX, Friedrich Nietzsche se burló del mito positivista de la (inexistente) “inmaculada percepción”, aludiendo al dogma católico de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

Hoy, en parangón con los positivistas del siglo XIX, se pretende imponer entre nosotros el dogma de la inmaculada subsidiariedad del Estado: “no importa cuántos se mueran, pero no me toquen la sacrosanta subsidiariedad”.

El Estado subsidiario es un criterio válido de organización de la sociedad. Significa que, en general, el Estado promueva y no reemplace a los privados, en la actividad productiva. Pero cuando la subsidiariedad del Estado excluye cualquier otro criterio y se convierte en dogma, es cuando empiezan los problemas.

Un Estado subsidiario puede ser también un Estado solidario. A condición de no caer en dogmas del tipo: “si el Estado no renuncia a toda actividad económica caemos en el totalitarismo estatista”. Lo cual, por intolerante, niega a la vez al liberalismo y a la razón misma de ser del Estado.

Lo que se requiere es que la Constitución, por encima de la subsidiariedad, recupere la solidaridad. Al fin y al cabo, esto es lo que propone la Doctrina Social de la Iglesia, fuente de ambos términos. Y es a lo que apuntaba la Constitución de 1979, para la cual el PPC importó y aportó el concepto de “economía social de mercado”.

Por cierto, la subsistencia del adjetivo “social” ha permitido al Tribunal Constitucional superar el privatismo fujimorista en sus sentencias; pero resulta indispensable, a estas alturas, tener un mandato constitucional explícito y no solo jurisprudencial.

El Estado que actualmente tenemos, subsidiario pero no solidario, corresponde a un capitalismo salvaje, insostenible y en franco retroceso en el mundo entero. En este marco, hay que escuchar la invocación de Felipe Ortiz de Zevallos en el último CADE, los llamados de Jorge Medina a un capitalismo consciente y lo señalado por Klaus Schwab, el fundador y conductor del Foro de Davos:

“El capitalismo descuidó el hecho de que una empresa es un organismo social, además de un ente con fines de lucro. Esto, sumado a las presiones ejercidas por el sector financiero con respecto a la obtención de resultados a corto plazo, provocó que el capitalismo estuviera cada vez más desconectado de la economía real. Somos muchos los que hemos visto que esta forma de capitalismo ya no es sostenible”.

A esta perspectiva de renovación y nuevo consenso le viene bien el Pacto del Bicentenario, promovido por Javier González Olaechea y otros ciudadanos, así como, por supuesto, el Pacto por el Perú y el Plan Hambre Cero del Acuerdo Nacional. Y, en la pandemia y más allá de ella, Resucita Perú Ahora, lanzado por la Iglesia católica.