“Hemos hecho un plan de segunda ola que incluye no solo los hospitales, sino también el primer nivel de atención, que lleva a cabo la contención del mal”, sostuvo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, el miércoles último.
Esto porque en la primera ola de la COVID-19 se optó por contener la emergencia sanitaria desde los hospitales —que son el tercer nivel de atención en salud— y se cerró el primer nivel de atención —centros de salud y postas médicas—. Este replanteamiento de estrategia es, justamente, lo que el sistema y, sobre todo, los pacientes necesitan.
El primer nivel de atención es aquel adonde recurren las personas en primera instancia para poder resolver sus problemas de salud. En el Perú, uno de cada dos establecimientos no tiene médico. Esta situación es anterior a la pandemia e incluso se da por normativa; es decir, ni siquiera responde a ineficiencia.
Además, nueve de cada diez establecimientos públicos usan historias clínicas en papel, en contraposición con las historias clínicas electrónicas. Esto lleva a que un mismo paciente, cuando acude a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva, deba repetir exámenes de apoyo al diagnóstico y realizarse todos los análisis. Además del obvio desperdicio de recursos, es un maltrato al ciudadano.
Un esquema eficiente debe poder atender el 85% de la demanda de servicios de salud de la población. Solo deberían “subir” al segundo nivel el 10% y al tercero el 5% de los pacientes. Esto implica que el foco debe estar en ofrecer servicios oportunos y completos desde el primer nivel de atención.
Pero lo que tenemos en el Perú es un sistema invertido. En este esquema “hospitalocéntrico”, el primer nivel de atención es muy débil, está desarticulado y solo recibe el 24% del presupuesto general. Por eso, ocho de cada diez de estos establecimientos tienen infraestructura precaria y equipos obsoletos. El segundo nivel de atención prácticamente es inexistente y no impide que la demanda escale al tercer nivel hospitalario. Es a este nivel de hospitales de alta especialización adonde se destina el 65% del presupuesto total, el 61% del presupuesto en recursos humanos y el 83% de los suministros médicos.
El foco en el sistema de salud peruano ha estado centrado en la construcción de hospitales a través de la obra pública tradicional. Esto lleva a tener S/ 1.900 millones congelados en 14 hospitales cuya construcción está paralizada. Y que, de ser inaugurados, carecerán de personal, equipos, tecnología e información.
El esquema debe virar de la obra pública tradicional de cemento y ladrillo a un modelo centrado en el nivel de servicio, principalmente en este primer nivel de atención. En este nuevo modelo será imprescindible que Estado y empresariado establezcan alianzas que, vía asociaciones público-privadas, permitan a los peruanos acceder a salud de calidad.