No al golpe de Estado del Congreso

Este golpe de Estado perpetrado por el Congreso se recordará en el futuro en los colegios como uno de los hitos de mayor bajeza de este lustro maldito que empezó en 2016, y que ahora ingresa a sus momentos más oscuros.

Requiriéndose en este tiempo la mayor sensatez, prudencia y generosidad de sus políticos, estos actuaron con mezquindad, irresponsabilidad e infamia, poniendo al país más cerca del abismo en medio de la mayor crisis sanitaria de la historia reciente del Perú por la pandemia, y un gran colapso económico por el intento de contenerla.

Los principales perjudicados por este golpe serán los ciudadanos, a quienes la perspectiva que se les abre ahora es sombría, en medio de la degradación de la política por intereses particulares ambiciosos, insaciables y bastardos.

Es un golpe de Estado que quiebra dos décadas de democracia esforzada pero débil, porque, en lo formal, malinterpreta la constitución para aprobar una vacancia no prevista en la misma usando el biombo de un ‘juicio político’.

No hay duda de que las denuncias de corrupción contra el presidente Martín Vizcarra son graves, pero estas debieron ser investigadas y concretadas en acusación al final de su mandato el 29 de julio de 2021, en vez de ser usado como pata de cabra para meterse a palacio de gobierno con el fin de poner ahí al impresentable Manuel Merino.

Lo ponen con el mandato negociado con acuerdos entre las fuerzas políticas que lo respaldaron, incluyendo a agrupaciones mafiosas y antidemocráticas, lo que se verá en las siguientes semanas con decisiones vinculadas a la postergación de elecciones, la liberación de asesinos de las cárceles y el reparto del estado como botín.

A diferencia del primer intento, esta vez el Congreso dio el zarpazo con mayor cuidado, usando las denuncias en base a material entregado por fiscales que actúan como políticos, difundido por los medios, y aprovechando a un TC que se lavó las manos.

Que la historia juzgue a los 105 congresistas del golpe de Estado. Y que el presidente Vizcarra recurra al artículo 46 de la Constitución que establece que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes.