El inicio del fin

No se necesita estudiar leyes ni ser especialista en derecho constitucional para entender este sencillo artículo: “Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear o aumentar gastos públicos”. El inicio del artículo 79 de la Constitución debería estar esculpido en piedra en cada escaño, pero, tal vez, ni así lo entiendan.

El dinero del pueblo, nuestros tributos, no son de disposición del Congreso. Esta sabia prohibición, que viene desde la Constitución de 1979, no nos salva de Ejecutivos irresponsables en el gasto de lo ajeno ni tampoco de la corrupción pública, pero al menos elimina el riesgo del desfalco público y la ruina económica del país por servir los intereses particulares o las clientelas electorales de grupúsculos que, por un pésimo sistema de representación (que no será modificado), subrepresentan a las mayorías nacionales y sobre representan a minorías marginales.

No es un secreto que el desastre sanitario y económico que el Perú enfrenta hoy y enfrentará por mucho tiempo durará más que el mandato de este presidente o este Congreso. Quien asuma la presidencia del Perú el próximo año heredará lo peor de esta epidemia: secuelas sanitarias, desempleo y pobreza. Sin embargo, tiene derecho a heredar aquello que era la única ventaja del Perú para salir adelante: un sistema fiscal responsable, donde se gasta lo que se tiene y se puede pagar.

El Congreso, ignorando el artículo 79 de la Constitución, está decido a destruir la última defensa del país: su fortaleza macroeconómica, construida con décadas de esfuerzo para satisfacer los intereses de una clientela electoral incierta, de clase media, que no pertenece a los más pobres del Perú. Gastar 15,000 o 10,000 millones de soles (depende de cuál sea el proyecto) para “devolver” aportes a un fondo que no existe no solo es inconstitucional, sino que discrimina en favor de los que han tenido empleos formales y deja un precedente atroz para el futuro del Perú.

Hace muy mal el presidente del Consejo de Ministros y la ministra de Economía en “negociar” un precio para este cáncer. Si se permite, claudicando al cumplimiento de la ley, y se paga un gasto generado por el Congreso, es el fin de la economía peruana tal como la conocimos y el inicio de un desmadre de gasto parlamentario sin fin que puede terminar en otro ciclo de autoritarismo político y, años después, retorno a la democracia. No es poco lo que se juega.

Algunos dirán que ya es inevitable. Si miramos la historia del Perú, las grandes crisis económicas impactan la política, para bien o para mal. La dictadura militar cae con una, Fujimori se construye sobre otra y cae, también, por otra más. Los últimos 20 años de estabilidad política son fruto del mismo lapso de estabilidad económica. Sin embargo, no nos podemos quedar de brazos cruzados esperando que el determinismo histórico gane la partida antes de pelearla. La ministra de Economía lo ha explicado con detalle y se ha encontrado con una pared de desprecio e indiferencia en el Congreso.

El apuro del Congreso para conseguir un Tribunal Constitucional busca obtener la bendición a leyes aprobadas por insistencia que han sido vendidas como el regalito que tu congresista te da para que votes por su partido. No sé de dónde van a sacar a seis abogados que no puedan leer una línea de la Constitución sin entenderla, pero parece que están decididos y apurados a lograrlo para que el estropicio venga con garantía de 5 años.

A estas alturas, la ingenuidad de un “Pacto Perú” en plena competencia electoral sería hasta conmovedora si no fuera porque lo que se juega es mucho más de lo que se ha explicado al país.