La impunidad precaria del pacto parlamentario
El caso “Chifagate” expone el uso de las instituciones parlamentarias para proteger el poder dejando de lado la rendición de cuentas.
El escándalo que involucra al presidente de la Repúblicas, José Jerí, muestra la confusión entre representación y prerrogativa, entre autoridad y trato excepcional. Las reuniones del congresista-presidente con proveedores del Estado sitúan el debate en el núcleo de la relación entre poder político y Estado de derecho.
En este contexto, la apertura de una indagación por parte de la Comisión de Fiscalización expresa una reacción institucional orientada a la administración del conflicto público, pero no destinada a rendir cuentas. El procedimiento ofrece una narrativa de control y una promesa de esclarecimiento, sin llegar a nada.
La experiencia parlamentaria muestra que estos mecanismos operan como circuitos de contención, con efectos limitados sobre las trayectorias políticas de sus integrantes. La fiscalización funciona como ritual y no como principio ordenador del poder.
Más allá del desenlace, el “Chifagate”, revela el uso de la función congresal para proteger a los integrantes del pacto frente a la fiscalización y al registro ciudadano. En ese registro, la autoridad se concibe como atributo personal y no como función sujeta a reglas.
En tanto, emerge una expresión de rechazo frente a formas de representación que se asocian a la intimidación, al gesto de fuerza y al desprecio por la función pública. Ese rechazo adopta la forma de memoria política, de conversación y de evaluación electoral.
Así, la ciudadanía articula un juicio que ya no se limita al hecho puntual, sino que alcanza al conjunto de prácticas que sostienen el pacto parlamentario. Dicho pacto opera como una arquitectura de protección mutua. Se sostiene en mayorías circunstanciales, en silencios compartidos y en procedimientos que administran responsabilidades sin alterar equilibrios.
Hoy, sin embargo, ese andamiaje convive con una acumulación de malestar que modifica el entorno en el que se ejerce el Poder Legislativo. En un escenario electoral, la impunidad deja de ser un activo estable y se convierte en una apuesta de corto plazo.
El pacto parlamentario conserva capacidad de defensa interna, pero enfrenta un entorno social que registra, compara y decide. La impunidad persiste como práctica, pero su sustento descansa en un equilibrio frágil, condicionado por una ciudadanía que incorpora estos episodios a su juicio sobre la representación y el futuro político del país. Las consecuencias se verán el 12 de abril.