Claves para modernizar la contabilidad pública en el Perú

En 2024, el Perú dio un paso significativo hacia la modernización de su gestión financiera pública con la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).

La Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la transición hacia las NICSP generó un ajuste de 14,113 millones de soles, equivalente a una reducción del 14.17% en el patrimonio nacional, calculado sobre un total de 99,589 millones de soles, excluyendo empresas públicas y otras organizaciones.

De acuerdo a Jesús Capcha Carbajal, socio principal del estudio Contacom, el proceso involucra a 2,531 entidades públicas de los tres niveles de gobierno, incluidas empresas estatales, que deben implementar un marco normativo basado en principios contables internacionales.

Las NICSP reemplazan los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), derogados en 2023, los cuales tenían un enfoque presupuestal y administrativo limitado. Ahora, se promueve una visión prospectiva que reconoce todos los activos y pasivos, mejorando la toma de decisiones financieras.

La Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP) estableció un “Período de Transición” del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2026. Durante este lapso, las Comisiones Especiales de Transición (CET) deben realizar diagnósticos exhaustivos y garantizar los ajustes necesarios.

Este proceso recae en los titulares de cada entidad, quienes son responsables del cumplimiento de las directivas.

En la Cuenta General 2024 (CG), el cumplimiento del proceso de saneamiento contable al 31 de diciembre de 2023 fue del 59%, lo que permitió ajustes por 85,862 millones de soles entre activos y pasivos. Este avance preparó a las entidades públicas para la implementación plena de las NICSP.

Baja presentación del Programa de Transición

Según el análisis de Contacom, el 58.3% de las entidades no presentó su Programa de Transición en el plazo estipulado, siendo los gobiernos locales los más rezagados. De 2,083 entidades locales, 951 incumplieron esta obligación.

En el Gobierno Nacional, 29 de las 102 Sociedades de Beneficencia no entregaron el programa, reflejando la necesidad de un mayor control. Además, no se evaluó la calidad de los programas entregados, lo que podría haber resultado en informes poco significativos.

Para Jesús Capcha, se sugiere que las entidades omisas, que en general carecen de recursos técnicos, promuevan el uso de tecnologías o software externos para la determinación de la materialidad, la identificación de brechas y la elaboración de los reportes de ajustes requeridos por las NICSP y la DGCP.