
En un caso alarmante de violación a la privacidad, un spa ubicado en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) en Caracas, Venezuela, está siendo investigado por las autoridades luego de que se descubriera que grababan a sus clientas sin su consentimiento. La denuncia fue realizada por la abogada y empresaria Károlayn Sánchez, quien alertó a través de un video publicado en TikTok sobre este delito ocurrido durante un procedimiento de depilación láser en la tarde del viernes 8 de agosto.
El incidente ha generado indignación en la sociedad venezolana, ya que las cámaras fueron instaladas en las cabinas de tratamiento, donde las víctimas debían desnudarse por completo para realizarse procedimientos en zonas íntimas.
El 8 de agosto, una de las clientas del spa, al ingresar a la cabina para someterse a un procedimiento de depilación, notó la presencia de una cámara oculta. La cámara, del tamaño de una moneda, estaba ubicada en una esquina del cuarto y apuntaba directamente a la camilla donde las personas se tumban para ser tratadas. La denuncia subraya que estos procedimientos incluyen áreas delicadas como la depilación en el área de bikini y la zona perianal, lo que obliga a las clientas a desnudarse completamente.
El primer indicio de irregularidad surgió cuando la víctima detectó la cámara. Alarmada, informó al personal del spa, pero las respuestas fueron contradictorias. Una de las socias del establecimiento negó tener conocimiento de la cámara, asegurando que el spa tenía apenas un mes de funcionamiento. Sin embargo, otra socia, ubicada fuera de la cabina, admitió que el dispositivo había sido instalado "por seguridad" para proteger el dinero del negocio. Aunque insistió en que no se estaba grabando, esta justificación fue desmentida cuando se descubrió que el dispositivo estaba grabando constantemente desde mayo de ese año. Las grabaciones incluían tanto a mujeres adultas como menores de edad durante sus procedimientos.
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La investigación por parte de la Fiscalía ha estado marcada por controversia. Inicialmente, las autoridades indicaron que no existía un delito porque el material grabado no había sido difundido en redes sociales. Esta respuesta inicial generó desconcierto entre las víctimas y sus allegados, ya que el hecho de grabar sin consentimiento en un lugar privado es una violación clara de la intimidad de las personas.
Sin embargo, tras una segunda inspección, otro organismo verificó la existencia de las cámaras y confiscó varios equipos, incluidos los DVR y computadoras donde se almacenaban las grabaciones. La presencia de material grabado sin permiso, en particular con imágenes de menores de edad, podría resultar en cargos más graves, como violación de la privacidad y explotación sexual.
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