
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la petición del gobierno de Donald Trump con el fin de poner en marcha nuevas restricciones al voto por correo de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre. Con esta decisión, los estados podrán mantener sus procedimientos actuales para enviar y recibir las papeletas, mientras continúa el litigio sobre la legalidad de la normativa impulsada por el presidente.
El máximo tribunal desestimó la solicitud de la administración de levantar una orden inferior que detuvo el controvertido plan. Solo dos de los seis magistrados conservadores, de un total de nueve, expresaron su desacuerdo. Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas discreparon de la decisión, mientras que Brett Kavanaugh coincidió en que las nuevas reglas no deben aplicarse en las elecciones de 2026, aunque dejó abierta la posibilidad de que la normativa tenga respaldo legal en el futuro.
La disputa se produce cuando algunos estados ya han comenzado a distribuir papeletas por correo previo a los comicios del 3 de noviembre, en los que estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Varios estados, incluido Carolina del Norte, ya empezaron a enviar las papeletas por correo a los votantes.
El juez Brett Kavanaugh, miembro del ala conservadora del tribunal, escribió una opinión concurrente en la que explicó que la propuesta podría estar dentro de las competencias del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), pero que los funcionarios electorales estatales y locales no tienen tiempo suficiente que permita implementar razonablemente la norma antes de las elecciones.
Ese pronunciamiento pareció ser un reconocimiento a la avalancha de informes presentados por funcionarios electorales estatales y locales que argumentaron que, a estas alturas del proceso, simplemente no había tiempo de aplicar la orden. Sin embargo, también sugirió que Kavanaugh podría ser una opción, junto con Alito y Thomas, para probar los cambios en futuros comicios.
La orden de Trump exigía elaborar listas de votantes habilitados y que el Servicio Postal solo entregara las papeletas a los electores que figuraran en las mismas. La normativa del USPS ahora es letra muerta.
La política, impulsada por Trump mediante una orden ejecutiva y desarrollada posteriormente por el Servicio Postal, buscaba establecer requisitos uniformes para los sobres de las papeletas federales, incluidos elementos de identificación y códigos de barras individualizados, además de obligar a los estados a proporcionar al servicio postal información básica con respecto a los votantes. También exigía que los estados utilizaran códigos de barras de seguimiento en los sobres de las boletas y priorizaba el enjuiciamiento federal de los funcionarios electorales estatales que enviaran o recibieran boletas a personas que no fueran ciudadanas o que no tuvieran derecho a votar.
La administración argumentó que los cambios eran necesarios si es que se busca garantizar la seguridad de las papeletas y asegurar que solo los votantes elegibles las recibieran. Sin embargo, una coalición de dos docenas de estados liderados por demócratas y grupos de electores calificaron la iniciativa como un abuso de poder por parte de un presidente que durante mucho tiempo ha alegado falsamente un fraude electoral generalizado en los sistemas de votación por correo.
Funcionarios de distintos estados advirtieron que la falta de claridad legal alrededor de la iniciativa ha causado caos antes de las elecciones del 3 de noviembre. Una coalición bipartidista de administradores electorales, exgobernadores y otros advirtió a los magistrados sobre los cambios de última hora en los procedimientos de votación por correo.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) celebró la decisión del Tribunal Supremo como una gran victoria en favor de los derechos electorales, la integridad de las elecciones y la democracia. "Esta administración sigue poniendo a prueba los límites de su poder, como si las normas que rigen nuestras elecciones fueran meras sugerencias que se pueden ignorar cuando no se ajustan a la agenda del presidente", afirmó Sophia Lin Lakin, directora del proyecto de derechos electorales de la ACLU.
El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, celebró la decisión del tribunal y afirmó que el fallo supone una victoria para la democracia y el Estado de derecho.
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Donald Trump firmó una orden ejecutiva en marzo para restringir el voto por correo, tras decir, sin presentar evidencia, que es vulnerable al fraude. Durante años, el presidente Trump ha ligado sus afirmaciones de supuesto complot a su derrota en las presidenciales de 2020, cuando ganó el demócrata Joe Biden. Sin embargo, el voto irregular sigue siendo extremadamente raro, y la administración nunca ha presentado pruebas de un fraude generalizado de tal magnitud que pudiera influir en el resultado de los comicios de 2020, ni en ninguna otra contienda electoral.
Trump es un crítico de vieja data del voto por correo, aunque lo ha ejercido frecuentemente, incluyendo agosto último cuando sufrago de esa forma en las primarias republicanas de Florida.
La apelación de emergencia, presentada la semana pasada y que tuvo gran repercusión, fue la tercera vez que la administración Trump recurrió a la Corte Suprema en relación con esta política. A finales de agosto, la Corte permitió que el presidente siguiera adelante, aunque lo hizo por razones técnicas relacionadas con el momento en que se presentó la demanda que impugnaba la política. Días después, un tribunal federal inferior bloqueó la entrada en vigor de los cambios.
Las encuestas muestran que el Partido Republicano enfrenta serios problemas para mantener su control sobre el Congreso en noviembre, en particular, la Cámara de Representantes. Si los demócratas ganan, han dicho que bloquearían la agenda de Trump e, incluso, llevarlo a juicio político por tercera vez.





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