
La Policía de Bolivia detuvo el último sábado a Vicente Salazar, principal dirigente de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, por su presunta participación en los bloqueos de carreteras que durante más de 7 semanas afectaron el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos. La Fiscalía confirmó que el proceso incluye investigaciones por terrorismo, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa, entre otros delitos.
El dirigente fue capturado en un operativo ejecutado en la zona Ciudad Satélite de El Alto y trasladado a dependencias de la Felcc en La Paz. Según las autoridades, Salazar figura entre los principales organizadores de las movilizaciones que derivaron en una crisis de abastecimiento y en pérdidas económicas que el Gobierno calcula en US$3.000 millones. Asimismo, afronta otra investigación impulsada por el Comité Pro Santa Cruz, que involucra al expresidente Evo Morales.
Las investigaciones se centran en los más de 50 días de bloqueos registrados entre mayo y junio, en medio de la peor crisis económica que atraviesa el país en cuatro décadas. En ese periodo, decenas de carreteras quedaron cerradas y ciudades como La Paz y El Alto sufrieron escasez de productos esenciales. El presidente Rodrigo Paz puso fin a las movilizaciones tras decretar el estado de excepción.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, sostuvo que el derecho a la protesta está garantizado, aunque marcó diferencias con los cierres de vías. También recordó que las ambulancias, el transporte de alimentos y el suministro de combustibles enfrentaron graves dificultades. A su juicio, "esto no puede quedar en la impunidad".
La defensa de Vicente Salazar anunció que presentará una acción de libertad al considerar que la aprehensión vulneró derechos constitucionales. El abogado René Salazar aseguró que el mandamiento fue ejecutado sin una notificación personal previa, por lo que calificó el procedimiento como irregular.
El jurista también indicó que la defensa no pudo acceder a la totalidad del expediente y que solo revisó una parte del cuaderno de indagaciones. Por esa razón, explicó que el dirigente decidió acogerse a su derecho de guardar silencio. "Para que pueda prestar una declaración, necesita conocer todo el contexto del proceso", manifestó.
Durante un acto con las Fuerzas Armadas, Rodrigo Paz reiteró que los bloqueos no pueden considerarse una forma legítima de protesta debido a las consecuencias que dejaron en el país. "El bloquear significa destruir la economía nacional y generar sufrimiento y desempleo para nuestra gente", expresó.
El mandatario pidió que el Ministerio Público y el Órgano Judicial actúen contra quienes resulten responsables. "Los conspiradores tienen que ir a pagar sus culpas porque no le pueden hacer daño al futuro de la patria", declaró. Paralelamente, el Comité Pro Santa Cruz informó que la investigación penal continuará para establecer quiénes organizaron, financiaron y dirigieron las movilizaciones que afectaron a la nación.





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