
El presidente Gustavo Petro criticó duramente un fallo de la Corte Suprema de Justicia que limita la actuación de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el saneamiento y adjudicación de baldíos a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Según Petro, la decisión judicial impide avanzar en la reforma agraria y contradice sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Desde Boyacá, el mandatario colombiano afirmó que la sentencia obliga a que los conflictos de baldíos pasen por doble instancia judicial, lo que retrasa la solución de problemas de propiedad y remite a la historia de luchas campesinas por la tierra, incluidas las “lideradas por Quintín Lame y la normativa de la ley 200 de 1936”.
Petro consideró que el fallo limita facultades de la ANT “heredadas del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) y de leyes previas”. Además, sentenció que “una parte del Estado traicionó la obligación de cumplir lo dicho por la CIDH”.
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Por otra parte, el presidente colombiano convocó a “organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes” a formar una “coordinación social” para defender la tierra y exigir el cumplimiento de la Constitución. Según Petro, este poder constituyente conjunto debe decidir si Colombia retrocede a leyes antiguas como la de 1886 o avanza aplicando la Constitución de 1991.
También advirtió que el reciente fallo favorece a los terratenientes y al poder mafioso, y perpetúa el despojo de tierras que han causado históricamente violencia y desplazamiento. En sus palabras, lo que “queda en pie el robo del narcotráfico a las tierras de la nación que son del pueblo colombiano y fue la causa de la muerte de 200.000 personas”.
El mandatario enfatizó que la defensa de la tierra debe combinar la participación electoral y la movilización social como momentos constituyentes. Reafirmó que las disposiciones de la Constitución y los tratados internacionales sobre autonomía, cultura y propiedad rural deben cumplirse y cerró su intervención con un llamado directo: “¡Viva la Reforma Agraria!”.
La Corte Suprema de Justicia aclaró que no emitió un fallo que detenga la reforma agraria del Gobierno ni cuestione las funciones de la ANT. El pronunciamiento surgió tras declaraciones del presidente en Cubará, Boyacá, donde aseguró que una resolución del alto tribunal bloqueaba su proyecto.
En su comunicado oficial, los magistrados precisaron que su intervención solo busca delimitar competencias legales de la ANT y garantizar control judicial en procesos de recuperación de tierras ocupadas indebidamente. Subrayaron que la Corte no busca frenar decisiones del Gobierno, sino garantizar debido proceso y seguridad jurídica.
El tribunal advirtió que la implementación de la reforma agraria y las metas de justicia social no son incompatibles con el respeto a la propiedad privada ni con las normas vigentes, y reiteró que la rama judicial es garante de su ejecución legítima y transparente. También pidió respeto mutuo entre poderes del Estado y rechazó discursos que puedan afectar la confianza en la justicia. Aclaró que los jueces no deben ser considerados “chivos expiatorios” por dificultades políticas u operativas en la reforma agraria.





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