
Más de 1.100 armas procedentes de Estados Unidos fueron incautadas en Brasil en los últimos 12 meses, según informó Robinson Barreirinhas, secretario de Ingresos Fiscales. Además, en el primer trimestre de 2026 se decomisó más de 1,5 toneladas de drogas. Las cifras fueron presentadas durante el anuncio de una acción conjunta con Washington para desarticular redes delictivas internacionales y frenar el tráfico de armamento y sustancias ilícitas.
El gobierno brasileño y las autoridades estadounidenses formalizaron el acuerdo bilateral. El Proyecto MIT (Mutual Interdiction Team) se centra en la colaboración operativa entre la Secretaría de Ingresos Federales y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP).
Como parte de este acuerdo, se lanzó el Programa Desarma, un sistema informático que permitirá a los gobiernos compartir datos en tiempo real sobre los productos que ingresan al territorio.
Esta iniciativa, resultado de conversaciones directas entre los mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump, busca frenar el comercio ilegal en la región de la Triple Frontera, que une a Brasil, Paraguay y Argentina. El pacto forma parte de una agenda de seguridad más amplia que cobró urgencia tras visitas técnicas a Foz de Iguaçu.
Cabe indicar que el acuerdo se formaliza en un contexto de deshielo en las relaciones entre ambas naciones, luego de las tensiones generadas por los aranceles del 50% impuestos por la administración de Trump.
Por otra parte, el hecho también se produce en paralelo con la Cumbre del Escudo de las Américas, un foro de seguridad impulsado por Washington en el que el presidente brasileño decidió no participar. Además, aunque se esperaba una reunión entre ambos líderes en la Casa Blanca, el encuentro quedó suspendido debido a la crisis.
Este acuerdo bilateral se desarrolla en un contexto de creciente tensión debido a la intención de EE. UU. de catalogar a dos de las facciones criminales más poderosas del país sudamericano, el Comando Vermelho y el Primer Comando da Capital (PCC), como grupos terroristas.
El gobierno de Da Silva ha expresado un rechazo firme a esta clasificación, argumentando que dicha medida vulnera la soberanía de Brasil y sería un acto de injerencia en los asuntos internos de la nación. Esta postura fue reiterada por el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, quien calificó la propuesta como una amenaza a la autonomía.
En una reunión con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, Vieira dejó claro que el Gobierno de Lula no aceptará esta categorización, basándose en un "imperativo legal" que impide reconocer decisiones externas sobre grupos internos sin el acuerdo del Estado.





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