
El grupo español ACS, presidido por Florentino Pérez, ha iniciado el embargo de activos del Estado peruano en Luxemburgo por más de 315 millones de dólares. Esta acción responde a un largo enfrentamiento legal con el Gobierno de Perú en torno al proyecto del Metro de Lima, luego de que este último no abonara completamente un laudo dictado por el CIADI, organismo adscrito al Banco Mundial.
El proceso legal se activó el pasado 14 de febrero de 2025, cuando la concesionaria liderada por ACS recurrió a los tribunales luxemburgueses para ejecutar la sentencia. Luxemburgo es considerado un territorio favorable para estos procesos, ya que permite usar el laudo arbitral como base directa para el embargo de bienes soberanos. Las medidas podrían alcanzar cuentas bancarias, inversiones o propiedades estatales, aunque no se conocen aún detalles concretos de los bienes afectados.
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En respuesta a la ejecución forzada del fallo, el Estado peruano presentó el 26 de febrero una solicitud para anular parcialmente el laudo, enfocándose en algunos daños por construcción, intereses y costas que aún son objeto de controversia. Además, pidió suspender temporalmente toda la ejecución del fallo, aunque dicha decisión está pendiente hasta octubre de 2025, cuando el CIADI emita una resolución al respecto. La decisión sobre la posible anulación definitiva no se espera antes de 2026.
El conflicto comenzó en 2017, cuando la concesionaria denunció al Estado por incumplimientos en el contrato, como la entrega tardía de terrenos y retrasos en permisos técnicos. Tras años de litigio, el CIADI emitió un laudo favorable en marzo de 2024 y posteriormente corrigió errores materiales, estableciendo una indemnización cercana a los 456 millones de dólares. Perú solo ha pagado una fracción de esa suma: 106 millones, mientras que otros 56 millones están suspendidos de forma provisional por el tribunal.
Florentino Pérez es el presidente del Real Madrid. Foto: X
Este caso ha cobrado especial relevancia para ACS, tanto por el monto en disputa como por el precedente que podría sentar en otros conflictos contractuales internacionales. Florentino Pérez ha respaldado en múltiples ocasiones el uso del arbitraje para defender los intereses del grupo en el extranjero, especialmente en países latinoamericanos donde la complejidad legal suele ser mayor.
La maniobra judicial en Luxemburgo consolida la postura de ACS en cuanto a la defensa de sus inversiones mediante tratados internacionales. Mientras tanto, el conflicto con Perú continúa abierto, con acciones legales que podrían prolongarse durante años y un escenario financiero incierto para ambas partes. La disputa no solo pone a prueba los mecanismos de arbitraje global, sino que también refleja las tensiones crecientes entre empresas privadas y Estados en megaproyectos de infraestructura.

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