
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó el viernes haber enviado un proyecto constitucional al Congreso a fin de aplicar la "castración química" a violadores condenados. Esto ocurre tras el mediático caso de un legislador opositor investigado por presuntamente violar a una niña. La petición deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional (parlamento) para su debate y votación, según indica el comunicado de presidencia.
Como parte de la reforma, Noboa también busca la posibilidad de mantener un "registro reservado" de condenados por violación, con el objetivo de "evitar su vinculación posterior en actividades que involucren a niños, niñas y adolescentes". El texto que acompaña la propuesta de reforma constitucional sostiene que Ecuador enfrenta una grave crisis de seguridad y derechos humanos. Esta situación ha incrementado la exposición de niños, niñas y adolescentes a distintos tipos de actos de coacción. Esta realidad es presentada como una de las principales razones para impulsar medidas más severas, como la castración química.
Según el Consejo de la Judicatura (SATJET), señala que entre el 10 de agosto de 2014 y el 31 de mayo de 2025 se registraron 71.270 procesos judiciales relacionados con delitos sexuales. Las cifras indican que el 22% fueron cometidos contra niños, niñas y adolescentes. En ese marco, la petición del ejecutivo no manifiesta explícitamente que la castración química sea solo para casos relacionados con menores, se aplicaría a "personas que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito de violación".
La iniciativa sobre la castración química se suma a otros cambios planteados en los últimos meses, como propuesta para eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el país. Estas reformas reflejan una estrategia más amplia del mandatario ecuatoriano para reforzar el control del Estado frente al crimen organizado y las amenazas a la seguridad interna.
En meses anteriores también ha propuesto modificaciones en la Constitución para que los jueces puedan dictar prisión preventiva inmediata a personas procesadas por delitos relacionados con terrorismo y crimen organizado, entre otros. Noboa, antes de ser elegido presidente, anticipaba que promovería una Asamblea Constituyente para formular una nueva carta magna que reemplazaría la constitución de 2008, impulsada bajo el mandato presidencial de Rafael Correa.

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