
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) activó un registro obligatorio para inmigrantes en Estados Unidos tras una orden del presidente Donald Trump, basada en una ley poco conocida que data de 1940. La medida exige que todos los inmigrantes mayores de 14 años se inscriban formalmente ante las autoridades bajo la Ley de Registro de Extranjeros, también llamada Ley Smith, que impone obligaciones y posibles sanciones penales para quienes no cumplan.
Esta legislación se remonta a un contexto histórico marcado por conflictos en Europa y Asia, cuyo objetivo era reforzar la seguridad nacional mediante el control de extranjeros residentes. Sin embargo, su reciente aplicación generó debate por la forma en que afecta a miles de inmigrantes que ahora deben cumplir con el registro, supervisado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y que implica la entrega de datos biométricos y documentación precisa.
La Ley Smith, instaurada en 1940, obligaba a todos los extranjeros en Estados Unidos mayores de 14 años a inscribirse y entregar sus huellas dactilares para mantener un control migratorio más estricto. Este proceso se desarrolló en oficinas de correos, evitando que se asociara con un proceso penal, con la intención de no generar temor en la comunidad extranjera y facilitar la cooperación voluntaria. La historia registra que los primeros en registrarse fueron inmigrantes chinos, en un momento en que Estados Unidos buscaba protegerse de amenazas internacionales.
En enero de 2025, esta norma volvió a cobrar relevancia cuando el presidente Trump instruyó al DHS a garantizar el cumplimiento del registro, basado en la sección 262 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). La directiva también designó al Procurador General la facultad para eximir a ciertos extranjeros de la obligación de tomar huellas dactilares bajo condiciones específicas y reglamentaciones vigentes.
El USCIS estableció el formulario G-325R para que los inmigrantes se registren formalmente. Todo extranjero que permanezca más de 30 días en Estados Unidos y tenga 14 años o más debe presentar esta documentación. Cuando se trata de menores de esa edad, la responsabilidad recae en sus padres o tutores legales. El incumplimiento de esta obligación se considera un delito menor, con posibles multas de hasta US$5.000 dólares, prisión por un máximo de seis meses o ambas penas.
Matthew Tragesser, portavoz del USCIS, declaró que la administración Trump logró un avance importante, con más de 57.000 inmigrantes registrados hasta la fecha, y destacó que la ley se está aplicando después de años de inacción. Además, subrayó que el incumplimiento ahora es tratado como una prioridad para la ejecución civil y penal.
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Según un análisis de The Washington Post sobre datos judiciales, la mayoría de los casos contra inmigrantes acusados penalmente por no registrarse se encuentran en etapas iniciales, aunque al menos 13 acusados fueron declarados culpables y enfrentan deportación o procesos de expulsión. Por otro lado, seis personas impugnaron los cargos y lograron que los jueces desestimaran las acusaciones o que los fiscales las retiraran.
El juez Michael B. North, en una orden del 19 de mayo, señaló que no existía evidencia de que los acusados supieran que debían registrarse, y resaltó que hasta hace poco no había mecanismos efectivos para cumplir con esta ley. Esta sentencia refleja la tensión entre aplicar una legislación histórica y la realidad actual de los inmigrantes, quienes enfrentan la difícil decisión de registrarse y exponerse a procesos migratorios o negarse y ser acusados penalmente.
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