Fernando Gimeno. EFE
Luego de dos años transcurridos de su victoria electoral en 2021, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, afronta un escenario adverso y complicado, sumido en un proceso de juicio político promovido por la oposición, que puede sacarlo del poder antes que llegue a la mitad de su mandato.
El triunfo electoral conseguido el 11 de abril del 2021 en su tercer intento por alcanzar la Presidencia de Ecuador ya auguraba a Lasso un mandato espinoso, al no contar los conservadores con mayoría en la Asamblea Nacional (Parlamento), algo que se ha recrudecido a tal punto de quedarse prácticamente sin apoyos.
Tras imponerse en las urnas al candidato correísta Andrés Arauz, el oficialismo no ha logrado consolidar ninguna de las alianzas que ha intentado tejer en la asamblea para generar una mayoría que le permitiera sacar adelante sus principales propuestas, como la Ley de Inversiones, uno de los proyectos insignia del mandatario.
Una muestra de ello es que el informe que recomendaba abrir un juicio político a Lasso fue aprobado con 104 votos a favor, que suponen el 75,9 % de los 137 asambleístas que componen el Legislativo.
El presidente Guillermo Lasso es acusado por actos de corrupción en su gestión. Foto: EFE
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Luego, la solicitud para concretar el impeachment estuvo impulsada por el correísmo, que es la fuerza más numerosa en la Cámara, pero también por el derechista Partido Social Cristiano (PSC), que fue el socio electoral de Lasso y que ahora reniega de esa alianza.
A ellos se les sumaron otros parlamentarios de las bancadas izquierdistas del indigenista movimiento Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), y de la formación Izquierda Democrática (ID).
Actualmente, el proceso de juicio político se encuentra en manos de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que debe realizar un informe con las pruebas presentadas por la acusación y los alegatos de la defensa del mandatario.
El presidente de esa comisión, Fernando Villavicencio, un asambleísta independiente pero afín al oficialismo, ha sido muy enfático en señalar que el comité que encabeza se centrará en la acusación de presunto peculado (malversación) y no en la de concusión, que fue desestimada por la Corte Constitucional.
Esto implica juzgar a Lasso por unos contratos de la naviera estatal Flopec, firmados en 2018 y 2020, antes de su llegada a la Presidencia, pero de los que supuestamente fue advertido de irregularidades que no impidió.
La decisión de la Corte Constitucional dejó fuera del proceso el caso referente a una presunta trama de corrupción en empresas públicas donde aparece el empresario Danilo Carrera, cuñado del presidente y cuyo supuesto colaborador y amigo, Rubén Chérres, quien había sido objeto de una investigación policial por presuntos nexos con el narcotráfico, apareció a finales de marzo asesinado y con signos de tortura.
Al menos nueve muertos y un número indeterminado de heridos se registraron este martes en un puerto pesquero del municipio de Esmeraldas, en la frontera con Colombia.
El hecho ha ocurrido la mañana de este martes cuando un grupo armado ha abierto fuego contra pescadores que cumplían sus labores habituales en el pequeño puerto.
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Medios digitales apuntan a la acción de una banda de sicarios o de venganzas generadas por grupos de narcotráfico que suelen usar barcos pesqueros para el transporte ilegal de drogas. El tiroteo en el puerto pesquero de Esmeraldas se dio en un momento en que resuenan a diario los casos de asesinato, asaltos y extorsiones en varias ciudades del país.
Precedente. En junio del 2022, Lasso ya salvó una moción para destituirlo, en medio de las protestas campesinas contra la carestía de la vida y la política económica del Gobierno, centrada en ajustar el gasto y las cuentas para cumplir las metas de FMI.