Brutalidad policial en Latam: la violencia que marcó a los Gobiernos de Chile, Perú y Ecuador

En muchos países de América Latina, como Chile, Ecuador y Perú, los ciudadanos han salido masivamente a las calles a protestar tras años de expectativas frustradas y de insatisfacción con las políticas de sus gobiernos. En estas manifestaciones, se ha evidenciado el uso de la fuerza de manera excesiva y negligente por parte de las fuerzas policiales.

Para el internacionalista Juan Antonio Velit, la violencia policial registrada en estos países no son casos aislados e indicó que, "sin lugar a dudas, es un fenómeno mundial". Además, cree "que es producto de la vivencia de los desniveles socioeconómicos que se han acrecentado en el mundo después de la pandemia".

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En esa línea, para el exministro del Interior José Elice, las órdenes de actuar con violencia o abuso de la fuerza policial "nunca es dada desde los altos mandos policiales ni las autoridades políticas a cargo", afirma e indica que las regulaciones en Perú, Chile y Ecuador coinciden en cuanto a los principios y la graduación del uso de la fuerza.

Caso peruano: "Los muertos están enterrados, pero no están olvidados"

“Todos los días paso por el lugar en el que mataron a mi esposo, todos los días veo militares y policías; solo alzo la mirada al cielo y le pido a Dios que, si la justicia de la tierra no hace nada, que se encargue la justicia divina, yo sé que llegará, yo tengo esperanza de que su muerte no quedará en impunidad”, contó Ruth Bárcena al medio Ojo Público.

Su esposo, esposo Leonardo Hancco Chacca, de 32 años, murió el jueves 15 de diciembre del año pasado, en medio de las manifestaciones en contra del Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. Decidió acudir a las protestas porque “quería un mejor futuro para sus hijos”, contó Ruth al medio antes citado.

Leonardo fue uno de los 60 fallecidos en todo el Perú en las protestas contra Dina Boluarte. 48 de ellos fallecidos por impactos por proyectiles de arma de fuego y de bombas lacrimógenas.

De la misma forma, se denunció, además, maltrato policial durante los arrestos en la calle y en las comisarías, que revelan el incumplimiento del Código Procesal Penal, el Manual de Derechos Humanos de la Policía Nacional del Perú y otras directivas nacionales.

Según la Constitución Política del Perú, solo se puede detener a una persona por mandato judicial o en flagrante delito. En el contexto de las protestas contra el Gobierno y el actual estado de emergencia en Lima y regiones, las detenciones se realizan por supuesta flagrancia y con el argumento de que las personas estaban realizando disturbios. 

En esa línea, el Código Procesal Penal sostiene en el artículo 263 que un procedimiento de intervención debe desarrollarse respetando el derecho a la defensa y la dignidad de la persona. Asimismo, el protocolo de la Policía Nacional del Perú recalca que los arrestos se deben realizar con el respeto estricto a los derechos humanos.

Luego de dos meses de protestas contra el Gobierno y el Congreso que estuvieron marcadas por la violencia, no hay hasta ahora un proceso judicial contra los culpables. "Ni siquiera de un proceso de investigación. Hay un silencio y es un silencio cómplice que muchos medios de comunicación también se han alineado con esa complicidad", afirmó Velit. "Los muertos están enterrados, pero no están olvidados", sentenció.

Violencia policial en Chile: la "epidemia" de lesiones oculares

Un policía disparó directamente al rostro a Brandon González, de 19 años. Estaba a uno siete metros. “Sentí un impacto en mi ojo y todo se puso negro. Levanté mis manos para que dejaran de disparar, luego me acosté en el piso y me dispararon tres veces más”, contó González a The New York Times. “Pensé, ‘van a matarme’”, agregó.

Tanto el Colegio Médico como la Sociedad Chilena de Oftalmología (Sochiof) alertaron que durante las primeras dos semanas de protestas en Chile el 2019 casi 180 personas sufrieron una lesión severa en uno de sus ojos.

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En tanto, más de 2.500 personas resultaron heridas durante las protestas, según la Cruz Roja de Chile. Y de acuerdo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), hubo al menos 400 lesiones por disparos de balas de goma o perdigones.

A mediados de octubre de 2019, millones de chilenos salieron a las calles en todo el país para exigir igualdad y derechos sociales y económicos, incluidas pensiones dignas, vivienda, educación pública de calidad y atención médica. El presidente Sebastián Piñera respondió con un decreto de estado de emergencia y desplegó al ejército y la policía para reprimir las protestas.

"Haciendo una revisión de los últimos 27 años, tomando todas las series publicadas respecto a personas que fueron dañadas con armas no letales en manifestaciones o áreas de conflictos -y estoy incluyendo a Israel, Palestina, Jerusalén, Gaza, entre muchos otros- en total son más de 1.900 lesionados por balines, y de ellos 300 tenían lesiones oculares", dijo.

"Nosotros tenemos prácticamente mitad de ese número en dos semanas", denunció en aquel entonces Dennis Cortés, presidente de la Sochiof.

"En esa movilización los carteles hablaban de desniveles económicos, desniveles educativos, alto precio de la salud. El precio del ticket del metro fue un detonador (...) Amnistía, considerando las experiencias de Chile, las experiencias de Ecuador, las experiencias de Perú, ha sacado un manual sobre qué deben hacer los manifestantes para protegerse de las balas de goma. Las balas de goma son tan agresivas y tan ofensitas como las balas de plomo", informó Velit al respecto y agregó que se comparten algunos elementos que detonaron las movilizaciones en Santiago.

"En el caso de Perú, compartimos algunos elementos como las diferencias socioeconómicas, como las frustraciones de los pueblos", sostuvo. Tal como en el caso ecuatoriano.

Brutalidad policial registrada en Ecuador

En Ecuador, "48% de las intervenciones policiales son por violencia social, por temas sociales, por reclamos de la gente, porque la gente siente que en el puesto que paga no se traduce en mejor salud, no se traduce en una mejor educación", resaltó Velit al ser consultado por esta redacción.

En junio del 2022, el movimiento indígena ecuatoriano convocó la huelga general más larga de su historia reciente por el aumento de los precios del combustible, los alimentos y otros artículos de primera necesidad, en el marco de una economía golpeada por la inflación y el desempleo.

Nueve personas murieron, seis en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. "Debido a la fuerte represión por parte de policías y militares, cinco personas cayeron a una quebrada, una persona falleció y dos se encuentra en estado de gravedad", sostuvo en aquel entonces la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, según difundió la agencia EFE.

La Alianza denunció además las detenciones de personas "a las que les llevan varias horas por diversos lugares, las amedrentan, las obligan a hacer llamadas para amedrentar a su familia, y después las dejan tiradas en distintos sectores".

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¿Puede hablarse de una reforma policial?

Los habitantes de la región no confían de la policía. Al menos eso reflejan las encuestas. Según detalla el informe titulado “Global Law and Order 2022”, realizado por la firma de análisis estadounidense Gallup, Latinoamérica es la región del mundo que menos confía en su policía. Tan solo el 51% de los adultos encuestados en 2021 confiaba en la policía local, la cifra más baja en el mundo.

Detrás de la desconfianza hay un componente que ha sobrevivido con los años: una formación militar que precede a la idea del servicio civil que deberían prestar los policías.

Para Velit, la violencia policial es producto de fallas estructurales de los Estados. Así como producto de un proceso de militarización de los policías. "El ethos militar es diferente al ethos policías, el ethos policial es una esencia que te permite a ti servir a los demás, que te permite proteger a los demás, que te permite estar cerca de los demás, solucionarle sus problemas".

"Ese ethos se está convirtiendo en un ethos militar. El policía, al absorber ese concepto, convierte todos sus esquemas de servicio en un esquema de defensa. Las multitudes, las marchas, son el enemigo y por eso les disparan al cuerpo, se traslada el concepto de defensa", detalló el internacionalista.

En ese sentido, el también autor sostuvo que, ante esta realidad, considera que "hay que refundar las fuerzas policiales, no solo en el caso de Perú", esto bajo el un irrestricto respeto de los derechos humanos.

Por su parte, José Elice afirmó que, al menos en el Perú, es urgente impulsar una profunda reforma policial: "Ya se debía haber iniciado". E indicÓ que el gobierno de transición del 2020 al 2021 dejó un plan integral. Este plan, sostiene, "fue realizado a partir del que elaboró la propia PNP en 2017, mejorando sustancialmente las áreas críticas".