
Este 5 de junio la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó por unanimidad la demanda presentada por el Gobierno de México contra fabricantes de armas estadounidenses. Entre ellos se encentran Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock. México acusaba a estas empresas de facilitar el tráfico ilegal de armas hacia su territorio, lo cual desata y alimenta la violencia de los cárteles de la droga. La Corte argumentó que la demanda no cumplía con los requisitos legales necesarios para proceder, citando la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) de 2005, que otorga inmunidad a los fabricantes de armas en casos de uso ilegal de sus productos.
La decisión representa un golpe significativo para México, que había solicitado una indemnización de US$10.000 millones por los daños causados por el tráfico de armas. El fallo también refuerza las protecciones legales para la industria armamentística en Estados Unidos, limitando las posibilidades de futuras demandas similares.
México presentó la demanda en 2021, alegando que entre el 70% y el 90% de las armas recuperadas en escenas de crimen en su país provenían de Estados Unidos. Según documentos judiciales, entre 200.000 y 750.000 armas fabricadas en EE.UU. eran introducidas de contrabando en México cada año. El gobierno mexicano sostenía que los fabricantes diseñaban y comercializaban armas de alto poder con características atractivas para los cárteles, facilitando su adquisición y uso en actividades delictivas.
Sin embargo, la Corte Suprema determinó que México no presentó pruebas suficientes para demostrar que las empresas demandadas violaron la ley o actuaron de manera negligente en sus prácticas comerciales. La jueza Elena Kagan, en su opinión mayoritaria, señaló que la demanda no cumplía con los estándares legales necesarios para proceder, citando la PLCAA como base para la inmunidad de los fabricantes.
La PLCAA, promulgada en 2005, fue diseñada para proteger a los fabricantes de armas de responsabilidades civiles derivadas del uso ilegal de sus productos. La ley establece una excepción que permite demandas si se demuestra que los fabricantes violaron leyes estatales o federales en la comercialización de armas. Sin embargo, la Corte consideró que México no presentó evidencia suficiente para aplicar esta excepción en el caso en cuestión.
La decisión subraya la robusta protección legal que la industria armamentística disfruta en Estados Unidos, limitando las posibilidades de que gobiernos extranjeros o entidades civiles puedan responsabilizar a los fabricantes por el uso ilícito de sus productos.

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