Expertos advierten riesgos para la independencia judicial en la primera elección de jueces en México

México se prepara para un proceso inédito en su historia democrática: la primera elección popular de jueces federales. El próximo 1 de junio, los ciudadanos elegirán más de 4,000 cargos dentro del Poder Judicial, incluidos magistrados y ministros de la Suprema Corte. Esta transformación, impulsada por el gobierno actual, pretende democratizar la justicia y reforzar su legitimidad ante la opinión pública.

No obstante, el cambio ha generado una fuerte reacción en diversos sectores legales y económicos. Instituciones financieras internacionales, expertos en derecho constitucional y organismos de derechos humanos advierten que este modelo podría comprometer la independencia judicial, exponer a los jueces a intereses políticos e incluso facilitar la infiltración del crimen organizado.

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Reforma judicial despierta inquietudes en el ámbito legal

La reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual administración encabezada por Claudia Sheinbaum, modificó el sistema de designación de jueces para sustituirlo por una votación ciudadana. A partir de esta elección, todos los cargos judiciales federales incluyendo magistrados electorales, jueces de distrito y ministros de la Suprema Corte quedarán sujetos al voto popular. Los aspirantes deben cumplir con requisitos como contar con título en Derecho, experiencia mínima y pasar filtros de idoneidad.

Aunque la iniciativa busca erradicar prácticas de corrupción y clientelismo dentro del Poder Judicial, especialistas consideran que abre la puerta a riesgos estructurales. Varios expertos señalan que muchos candidatos carecen de preparación técnica suficiente y podrían obtener el cargo gracias al respaldo de partidos, grupos de poder o recursos económicos. Según un análisis de Bank of America, esta dinámica introduce un nivel de incertidumbre que podría perjudicar la estabilidad jurídica del país.

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Peligro de politización y captura institucional

El voto directo para elegir jueces representa un giro radical respecto al modelo actual de nombramientos, el cual contempla procesos técnicos y revisiones legislativas. Bajo la nueva normativa, la elección se convierte en un ejercicio de campaña, lo que podría transformar al Poder Judicial en una arena de competencia política. En este escenario, los principios de imparcialidad, autonomía y objetividad quedarían debilitados frente a la presión del electorado y de actores con intereses específicos.

Diversas organizaciones, entre ellas Human Rights Watch y el Centro de Estudios Constitucionales, manifestaron preocupación por el riesgo de politización. Señalaron que un juez electo por votos puede enfrentar dificultades al dictar resoluciones impopulares, aun cuando estas estén fundamentadas en la ley. También existe temor ante la posibilidad de que el crimen organizado interfiera en las campañas o financie aspirantes que le resulten funcionales. Esta vulnerabilidad compromete no solo los fallos judiciales, sino también la confianza pública en el sistema.

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Repercusiones económicas y democráticas

Las dudas sobre la elección judicial no solo impactan el plano legal. Analistas financieros, como los de Bank of America, advirtieron que la reforma podría erosionar la seguridad jurídica en México y desalentar inversiones si se percibe una falta de certeza en los tribunales. Los mercados observan con cautela el proceso, ya que una justicia politizada tiende a desincentivar operaciones de alto valor, especialmente en sectores como infraestructura, energía y litigios corporativos.

Además, académicos constitucionalistas señalaron que esta reforma altera el equilibrio entre poderes. El diseño original del sistema buscaba proteger al Poder Judicial de presiones externas mediante mecanismos técnicos de evaluación y nombramiento. Sustituir esos filtros por una elección abierta rompe ese principio y sitúa a la judicatura en un terreno vulnerable. A medida que se acerca el día de la votación, el país se encuentra ante una encrucijada institucional: ampliar la participación democrática o conservar la autonomía judicial. La respuesta se escribirá en las urnas, pero sus consecuencias podrían prolongarse por décadas.