
Durante las últimas semanas, el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, ha cobrado notoriedad como un centro donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habría cometido actos atroces. Las denuncias provienen de testimonios que revelan prácticas extremas de violencia y tortura, entre ellas el consumo forzado de carne humana. Estas revelaciones abren una nueva arista en la lucha contra el narcotráfico.
En medio de este contexto, Raúl Arturo Ramírez Ramírez, exfuncionario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), anunció que dará a conocer detalles inéditos sobre las irregularidades detectadas en el Rancho Izaguirre. La investigación oficial continúa, pero estas declaraciones podrían profundizar la comprensión sobre la gravedad de las violaciones de derechos humanos cometidas en el lugar.
El Rancho Izaguirre ha sido señalado por diversas fuentes como un lugar donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, específicamente vinculadas al accionar del CJNG. De acuerdo con testimonios, los reclutas eran sometidos a prácticas brutales, entre las que destacan la violencia física extrema y actos de tortura psicológica. Una de las denuncias más impactantes proviene de familiares de sobrevivientes, quienes relatan que los jóvenes fueron obligados a consumir carne humana para endurecerlos y eliminar cualquier sentimiento de empatía.
Este tipo de prácticas evidencian no solo la crueldad del grupo delictivo, sino también un sistema de adoctrinamiento violento diseñado para formar sicarios sin remordimientos. Las víctimas enfrentaban un ambiente de terror constante, donde la deshumanización se utilizaba como herramienta para consolidar la obediencia y el control. Organizaciones civiles y colectivos locales han documentado estos hechos y exigido una investigación exhaustiva para castigar a los responsables.
Raúl Arturo Ramírez, quien recientemente fue separado de su cargo en la CNDH tras múltiples denuncias, aseguró en sus redes sociales que pronto revelará su versión de los hechos ocurridos en el Rancho Izaguirre. Afirmó que su experiencia directa en las indagatorias le permitió conocer detalles que aún no se han hecho públicos y responsabilizó a altos funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) por cualquier riesgo que pueda sufrir tras dar a conocer esta información.
La salida de Ramírez del organismo se dio en un contexto de tensiones internas, y actualmente enfrenta investigaciones por el Órgano Interno de Control. Sin embargo, su anuncio ha reavivado el interés sobre el caso, especialmente porque ha puesto en tela de juicio la transparencia y el avance real de las investigaciones oficiales. Mientras tanto, la CNDH mantiene que la pesquisa sigue de manera multidisciplinaria y con un enfoque centrado en proteger los derechos humanos.
Diversos colectivos, como Guerreros Buscadores de Jalisco, han denunciado la exclusión de las autoridades en las pesquisas relacionadas con el Rancho Izaguirre. Estos grupos de búsqueda, que desde hace años trabajan para localizar desaparecidos, encontraron restos humanos en el lugar y exigieron participar plenamente en las indagatorias para evitar encubrimientos o manipulaciones.
Las organizaciones civiles han solicitado la intervención de organismos internacionales para garantizar un proceso transparente y eficiente. Mientras tanto, la opinión pública exige que las autoridades aceleren las acciones para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, no solo del narcotráfico, sino también de los abusos sistemáticos que afectan a las comunidades en Jalisco y otras regiones.

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