El Gobierno de México ha implementado varios programas sociales destinados a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, entre los cuales destaca la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. Este programa proporciona un apoyo económico a personas con discapacidad permanente menores de 65 años, asegurando así una fuente de ingresos estable para uno de los sectores más vulnerables de la población. Con las recientes modificaciones, este beneficio se ha vuelto aún más accesible para quienes lo necesitan.
En un esfuerzo por ampliar la cobertura de este programa, la Cámara de Diputados ha aprobado reformas clave a la Constitución, garantizando que tanto la Federación como las entidades federativas aseguren la entrega de esta pensión. Los cambios incluyen la extensión de la edad límite para recibir el apoyo en comunidades indígenas y de alta marginación, lo que refleja el compromiso del Estado de incluir a todos los ciudadanos en sus políticas de bienestar social.
El programa de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad está dirigido a aquellos que enfrentan desafíos debido a una discapacidad permanente. Los requisitos para acceder a este apoyo son específicos, asegurando que quienes más lo necesitan puedan beneficiarse de él. Los requisitos principales incluyen:
Si la persona con discapacidad no puede acudir personalmente a realizar el trámite, puede designar a un adulto auxiliar. Este representante deberá presentar su propia identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco con la persona beneficiaria.
El programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad está disponible actualmente en 23 estados de la República Mexicana, incluyendo entidades como Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca, y Veracruz, entre otras. Este amplio alcance asegura que un mayor número de personas pueda acceder a los beneficios.
Además, la reciente reforma a la Constitución garantiza que este apoyo económico sea no contributivo, es decir, no requiere que los beneficiarios realicen aportaciones previas para acceder al mismo. Esto es especialmente relevante para las personas con discapacidad permanente que, debido a su condición, puedan enfrentar mayores dificultades para integrarse al mercado laboral formal y generar ingresos.
Con la modificación de los artículos 4º y 27º de la Constitución, el Estado también se compromete a proporcionar rehabilitación y habilitación a las personas con discapacidad, dando prioridad a aquellos menores de 18 años. Estas medidas buscan no solo brindar apoyo financiero, sino también mejorar la calidad de vida y promover la inclusión social de las personas con discapacidad en México.