El 15 de marzo de 2025, ocho mujeres venezolanas fueron deportadas desde Estados Unidos en un vuelo que, según indicaron las autoridades, tenía como destino final Caracas. Sin embargo, tras una escala en Guatemala, el avión aterrizó en El Salvador, donde el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) se negó a aceptarlas, ya que la instalación está reservada exclusivamente para hombres.
Esta deportación se realizó a pesar de una orden judicial emitida por el juez James E. Boasberg el mismo día, que bloqueaba las expulsiones de migrantes venezolanos desde el aeropuerto de Harlingen, Teas. La administración Trump argumentó que los aviones ya estaban en vuelo cuando se emitió la orden, por lo que la consideraron aplicable.
Las mujeres deportadas fueron identificadas por las autoridades estadounidenses como presuntas integrantes del grupo criminal Tren de Aragua, basándose en tatuajes y sin pruebas concretas. Human Rights Watch denunció que muchos de los deportados no tenían antecedentes penales y calificó algunos casos como desapariciones forzadas.
Una de las deportadas, Franyeli Carolina Zambrano Manrique, fue detenida junto a su esposo en Utah, a pesar de contar con Estatus de Protección Temporal (TPS). Ambos fueron acusados sin pruebas de pertenecer a bandas criminales y trasladados a centros de detención donde, según denuncias, sufrieron maltratos y condiciones inhumanas.
Otra de las mujeres, Gladys Yoleida Caricote Tovar, de 28 años, fue detenida en Colorado el 10 de diciembre de 2024 frente a su madre y sus tres hijos menores. Desde entonces, permanece en un centro de detención en Texas, donde su familia denuncia que ha sido golpeada y mantenida en condiciones deplorables.
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De las ocho mujeres deportadas, solo tres han sido finalmente enviadas a Venezuela. Las otras cinco continúan detenidas en centros de ICE en Estados Unidos, sin claridad sobre su situación legal ni fecha de deportación. Familiares y organizaciones de derechos humanos exigen su liberación y denuncian las violaciones a sus derechos.
El gobierno de Nayib Bukele ha sido señalado por colaborar con la administración Trump en estas deportaciones, aunque en este caso específico rechazo recibir a las mujeres deportadas. Anteriormente, Bukele había ofrecido encarcelar a deportados a cambio de apoyo financiero y político de Estados Unidos.

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