
El condado de Miami-Dade, en Florida, firmó un convenio con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) que podría tener consecuencias para los más de 430 inmigrantes detenidos en sus cárceles. A través de este acuerdo, ICE tendría la facultad de controlar el acceso a la información sobre los detenidos y podría "desaparecerlos" del sistema sin dejar rastro alguno.
El acuerdo, que otorga a ICE el derecho de pagar US$50 para retener a un inmigrante por 48 horas en una prisión local, fue criticado por su falta de transparencia. Las organizaciones Community Justice Project y Florida Immigrant Coalition (FLIC) denunciaron que la medida puede agravar las condiciones en las que se encuentran los encarcelados.
Según Thomas Kennedy, consultor de la Florida Immigrant Coalition, el pacto entre ICE y Miami-Dade podría llevar a que los inmigrantes detenidos desaparezcan del sistema de justicia, es decir, que se elimine toda información sobre su paradero y estado.
La abogada Alana Greer, directora del Community Justice Project, se mostró especialmente preocupada por la forma en que esta colaboración con ICE puede intensificar las violaciones de derechos de los inmigrantes. En sus declaraciones a la agencia EFE, Greer enfatizó que, en un contexto donde el Gobierno de EE.UU. ha incrementado la violencia hacia los inmigrantes, este acuerdo representaría un paso más en la escalada de abusos, permitiendo que las autoridades de ICE actúen con total impunidad.
Las cárceles del condado de Miami-Dade albergan actualmente a más de 430 inmigrantes, según las estadísticas del Departamento de Correcciones y Rehabilitación. Sin embargo, esta cifra representa una pequeña fracción del total de reclusos en la región, que supera los 4.600 detenidos. A pesar de la cantidad de internos, las condiciones en estos centros de detención son objeto de críticas debido al hacinamiento y la falta de recursos para garantizar un trato digno a los detenidos.
En especial, el Centro de Detención de Krome ha sido señalado como uno de los recintos más problemáticos, con informes de hacinamiento extremo y muertes de inmigrantes debido a las condiciones insalubres. Las organizaciones civiles alertan que el acuerdo con ICE solo empeoraría estas condiciones, convirtiendo las cárceles en espacios aún más peligrosos para los inmigrantes.
Mientras tanto, las autoridades locales, como la alcaldesa Daniella Levine Cava y el comisionado Roberto J. González, defienden el acuerdo, argumentando que este simplemente asegura el cumplimiento de la ley y la cooperación con ICE.
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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y su administración han sido acusados de promover una política de inmigración cada vez más restrictiva y punitiva.
La postura del gobierno estatal se alinea con las políticas migratorias del presidente Donald Trump, que favorecen la cooperación plena con ICE y rechazan las llamadas "ciudades santuario". DeSantis ha impulsado leyes que castigan con multas de hasta US$5.000 a ciudades y funcionarios que no colaboren con las políticas federales de inmigración.
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