Por Santiago Roca Profesor principal, Universidad Esan Hace unos días, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC, una entidad de la sociedad civil sin fines de lucro, presentó al país una investigación de campo en la que encontró que el 49.32% de las balanzas revisadas en diversos mercados de Lima y Callao no cumplen con las especificaciones de peso. Utilizando un procedimiento técnico normalizado con pesas calibradas que cuentan con certificado oficial del Servicio Nacional de Metrología se verificó que estas balanzas pesaban entre 12.5 a 300 gramos menos de lo que debían pesar. En un cálculo basado solo en la venta de papa, un producto de bajo valor por unidad de peso (un sol a dos soles por kilo), ASPEC calcula que los consumidores estarían siendo estafados en alrededor de 268 millones de soles al año. Si a ello se le agrega que en los mercados se venden múltiples productos y muchos de ellos con mayor valor por unidad de peso: carne (diez a veinte soles por kg), huevos (3 a 5 soles por kg), frutas (2 a 8 soles por kg), etc., las pérdidas de los consumidores podrían fácilmente sobrepasar los tres mil millones de soles al año. ¿Qué pasa en el país que no existen autoridades responsables de velar por los pesos y las medidas en los mercados? La respuesta es muy simple: de un tiempo a esta parte, los últimos gobiernos han promovido la desregulación y la no intervención del Estado en la economía, en la creencia que los problemas entre compradores y vendedores se deberían resolver solos. Por ello fue que se derogaron dispositivos legales y se cerraron instituciones del Estado como el ITINTEC, al cual se parte y se le quitan competencias, entre ellas las referidas a la verificación de los pesos y medidas en los mercados. Tiempo después –frente a las protestas– la ley orgánica de municipalidades autoriza a los municipios a que legislen, operacionalizen, controlen y fiscalizen los pesos y medidas, pero no se les asigna presupuesto, no se promulga una ley marco, ni se les permite cobrar por dicho servicio. De esta forma se entierra al muerto. Ni siquiera se faculta a la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI para que en nombre de los consumidores actúe en forma colectiva. En el 2005, desde el INDECOPI, presentamos al país una propuesta de ley para resolver el problema. Todo medio de medición utilizado en operaciones de carácter comercial o industrial deberá encontrarse verificado, con arreglo a los términos y especificaciones que dicte el Servicio Nacional de Metrología. Las personas naturales o jurídicas verificadoras –privadas– deberían ser previamente autorizadas o acreditadas y estarían empoderadas para otorgar sellos respectivos de verificación. Los proveedores o propietarios de los medios de medición serían los responsables por el correcto funcionamiento de estos instrumentos. Los gobiernos locales serían los facultados para fiscalizar y sancionar la no observancia de las normas metrológicas. Se estaba proponiendo un sistema integral, público-privado, con órganos rectores, y aplicación y fiscalización local y descentralizada. Nada de esto satisfizo a los talibanes del mercado y creyentes de la libertad absoluta (ley de la selva); los problemas de pesos y medidas se deberían resolver libremente, sin regulación ni normas. Como consecuencia de ello, se descartó la propuesta en el Ejecutivo y se boicoteó su aprobación en el Congreso. Cuatro años después, una entidad de la sociedad civil es la que tiene que sacar la cara por los consumidores. ¡Qué bien por ASPEC!, pero ¿dónde está el Estado? ¡Qué vergüenza para todos estos técnicos y políticos que legislan o dejan de legislar en función exclusiva a ideologías, en vez de en la ética, la justeza y la práctica de la situación! Este artículo también lo puede leer en http://aeperu.blogspot.com
