Tres regiones del Perú tienen más del 50% de su territorio concesionado para minería: informe advierte tensión ante el nuevo gobierno

El nuevo ciclo de altos precios del cobre y el oro vuelve a poner al Perú en el radar de las inversiones extractivas. Sin embargo, para el Observatorio de Conflictos Mineros, este escenario también podría traducirse en una mayor presión sobre comunidades y recursos como el agua, en momentos en que el próximo gobierno plantea acelerar la ejecución de proyectos.

Las cifras entre mayo de 2025 y mayo de 2026 revelan que las concesiones mineras crecieron en 2,68 millones, hasta alcanzar 22,67 millones de hectáreas, equivalentes al 17,6% del territorio nacional. La expansión fue especialmente intensa en Apurímac, donde el 76,5% de la superficie regional ya está concesionada, seguida de La Libertad (63,1%) y Áncash (55,1%). Lima y Moquegua también bordean la mitad de su territorio bajo este régimen, con 48,8% y 48%, respectivamente.

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"Estamos en un contexto muy favorable", resumió José de Echave, investigador de CooperAcción y exviceministro de Gestión Ambiental, durante la presentación del informe. No obstante, advirtió que ese escenario "se puede traducir en mucha presión y muchas tensiones en los territorios" si el crecimiento de la actividad minera no va acompañado de reglas claras y de una adecuada gestión de los impactos sociales y ambientales.

Solo una de cada diez hectáreas concesionadas registra actividad minera

Uno de los aspectos que más llamó la atención es la diferencia entre la extensión del territorio concesionado y el área donde efectivamente existe actividad minera.

Según el análisis expuesto por De Echave, de los más de 22 millones de hectáreas concesionadas en el país, apenas alrededor de dos millones corresponden a zonas donde se realizan actividades como exploración, explotación, plantas de beneficio o procesos de cierre de minas. En otras palabras, cerca de 20 millones de hectáreas permanecen sin actividad minera directa.

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El economista planteó que esta situación abre un debate sobre el uso de las denominadas concesiones ociosas, es decir, títulos mineros vigentes sobre áreas donde actualmente no existe producción ni exploración efectiva.

Asimismo, cuestionó el argumento de que la inversión minera esté limitada por un exceso de regulaciones. Recordó que los mayores niveles de inversión registrados en el país se alcanzaron bajo un marco normativo similar al vigente, por lo que consideró que el debate no debería centrarse únicamente en flexibilizar permisos, sino también en cómo se gestionan los impactos sociales y ambientales de los proyectos.

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El informe muestra otro elemento que, según el investigador, merece seguimiento: el crecimiento de concesiones en departamentos amazónicos como Loreto, Ucayali y Amazonas. Aunque estas regiones mantienen porcentajes bajos de territorio concesionado, el incremento ha sido considerable en el último año. De Echave planteó como hipótesis que parte de la minería informal e ilegal que opera en cauces de ríos podría estar buscando acceder a concesiones para facilitar procesos de formalización, un fenómeno que, dijo, cobra relevancia a pocos meses del vencimiento del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Cajamarca resume los desafíos de la nueva expansión minera, según el Observatorio

Para el sociólogo Marco Arana, representante de Grufides, Cajamarca sintetiza buena parte de los desafíos que acompañan esta nueva etapa de expansión minera. Durante la presentación del informe advirtió que en esa región confluyen la gran minería, la minería ilegal, nuevos proyectos de inversión y procesos judiciales que permanecen abiertos desde hace más de una década.

Como ejemplo, mencionó la presencia de minería ilegal en la zona de Cerro Rojillo, una cabecera de cuenca que abastece de agua a la ciudad de Cajamarca. Según relató, la intervención estatal se produjo recién después de las denuncias de autoridades locales y organizaciones de usuarios de agua, lo que, a su juicio, evidencia debilidades en la capacidad de respuesta del Estado frente a este tipo de actividades.

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Arana también cuestionó proyectos de infraestructura hídrica vinculados a zonas donde se concentran futuras inversiones mineras y advirtió que varios procesos judiciales relacionados con conflictos socioambientales, como el caso Conga y procedimientos ambientales aún pendientes, pasarán a ser parte de la agenda del próximo gobierno.

Ninguno de los dos negó que el Perú atraviesa un momento de bonanza minera. Sin embargo, ambos remarcaron lo mismo: esta vez el boom llega sobre territorios donde el agua sigue en disputa, los conflictos no disminuyen y varios procesos judiciales continúan sin resolverse.