
El derecho a la pensión alimenticia está regulado en el Código Civil del Perú y establece las condiciones bajo las cuales los hijos pueden recibir apoyo económico de sus padres. Si bien esta obligación generalmente cesa al cumplir la mayoría de edad, existen situaciones en las que la ley permite la continuidad de la manutención.
Estas disposiciones buscan garantizar el bienestar de aquellos que, pese a haber alcanzado los 18 años, no cuentan con los medios suficientes para su autosostenimiento. A continuación, se detallan los casos específicos en los que los hijos mayores de edad pueden solicitar la pensión alimenticia.
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El Código Civil peruano reconoce dos situaciones en las que los hijos mayores de 18 años pueden continuar recibiendo pensión de alimentos. La primera corresponde a aquellos que estén cursando estudios superiores o técnicos, siempre que demuestren un rendimiento académico adecuado. En este caso, la manutención podría extenderse hasta los 28 años.
La segunda situación contempla a personas que presenten una discapacidad física o mental que les impida generar ingresos por sí mismas. En estos casos, no existe un límite de edad para recibir la pensión alimenticia, ya que la necesidad de apoyo económico podría ser permanente.
Para los hijos que se encuentran estudiando, la ley establece que pueden solicitar la pensión alimenticia hasta los 28 años, siempre que acrediten su condición de estudiantes activos y un desempeño académico satisfactorio. La obligación de los padres se mantiene con el fin de garantizar la culminación de sus estudios y su inserción en el mercado laboral.
En el caso de hijos con discapacidad, la pensión no está sujeta a un límite de edad. Sin embargo, se requiere la presentación de documentación médica que respalde la condición y la imposibilidad de generar ingresos de manera autónoma.
El procedimiento para solicitar la pensión alimenticia implica presentar una demanda ante el Juzgado de Familia correspondiente. El solicitante debe adjuntar pruebas que justifiquen la necesidad de la manutención, como certificados de estudio o informes médicos, según sea el caso.
Es recomendable contar con asesoría legal especializada para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. El juez evaluará las pruebas presentadas y determinará la procedencia de la pensión, así como el monto que deberá ser abonado por el obligado.

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